El pasado viernes se cumplieron cinco años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, momento para hacer balances de lo que ha pasado hoy con los compromisos adquiridos por el Gobierno y los integrantes de la guerrilla de las Farc. Y este balance puede tildarse de agridulce.
Aunque desde esquinas radicales se quiera desconocer el avance que se tuvo con este acuerdo de paz, es innegable que la dejación de armas de las Farc significó una merma en muchos de los hechos violentos en los que estaba sumido el país, como los secuestros, la voladura de oleoductos, los atentados contra las torres de energía, las pescas milagrosas, el reclutamiento de menores, las tomas a los pueblos, los ataques con cilindros a estaciones de policía y un largo etc.
Por supuesto que muchos de estos hechos siguen ocurriendo hoy, y que existen grupos disidentes de las mismas Farc y otros actores del conflicto que han perpetuado estos crímenes y se niegan a abandonar el camino de la violencia. Pero sin duda los diálogos de paz con esta guerrilla fueron un avance impensable antes como nación.
Sin embargo, el balance es amargo, pues no se han cumplido a cabalidad los compromisos. El país sigue esperando esa verdad, justicia y reparación, camino indispensable para cerrar heridas. Si bien la Justicia Especial para la Paz ha avanzado en esta reconstrucción de la verdad, aún la ausencia de sanciones para los responsables de los más atroces crímenes sigue siendo una realidad dolorosa y despiadada con las víctimas. El homenaje hecho esta semana al Mono Jojoy, uno de los más sanguinarios y despiadados líderes de las Farc, por cuenta de la senadora de Los Comunes Sandra Ramírez fue indignante. A 11 años de la muerte de Jojoy en un operativo del Ejército, la exguerrillera se atrevió a proponer un brindis y a afirmar incluso que los secuestrados “tenían sus comodidades a medida de las condiciones, su camita, su cambuche, todo”.
Aunque la senadora ofreció luego disculpas a todas las víctimas del secuestro por sus afirmaciones, sus declaraciones son muestra de que aún no existe por parte de los exguerrilleros una intención genuina de reparar a las víctimas de tanto daño.
Es urgente que se aceleren los procesos de reparación por parte de los exmiembros de esta guerrilla y se pida perdón cuantas veces sea necesario por toda la sangre derramada.
A su vez, el Gobierno incumplió muchos de los puntos del acuerdo en materia de oportunidades de reintegración, pero sobre todo, nunca desescaló el diálogo de agresión y rechazo contra los miembros de las Farc que asumieron la militancia política, lo que ha hecho imposible avanzar en la reconciliación.
Escuchar a los habitantes de poblados que durante décadas estuvieron sumidos en el dominio de la guerrilla de las Farc y entender cómo su vida cambió tras dejar atrás el miedo es la muestra de que los diálogos valieron la pena. Pero es necesario que no exista impunidad contra los responsables de los más grandes crímenes, para que de verdad este momento histórico haya valido la pena.
