miércoles 08 de julio de 2009 - 10:00 AM

Conflictos sordos y de gran impacto

El problema está a la orden del día,  aún cuando su eco es más sordo que ribeteado de bochinche, salvo cuando estalla un enfrentamiento abierto entre una gran empresa y una comunidad determinada que se considera afectada por un proyecto de inversión económica. Tales conflictos son consecuencia de la puja no resuelta sobre qué es más importante, si el que las fuerzas capitalistas exploten recursos naturales para obtener beneficios económicos, o si debe primar la preservación del medio ambiente y la protección de la cultura de los pueblos que viven en un determinado territorio.

No hay construcción de hidroeléctrica alguna, o de un embalse, o de una obra de infraestructura, ni hay explotación minera, ni desarrollo de grandes proyectos agroindustriales o forestales, que no provoquen tal puja, pues alteran y modifican el medio ambiente, es frecuente que amenacen las bases biológicas, físicas y sociales de una comunidad y ello provoca un conflicto de intereses que Colombia no ha sabido prevenir, ni ha podido encontrar cómo resolver por cauces civilizados y poniendo a las partes en igualdad de condiciones. El desafío para Colombia, ese que no ha sabido resolver inteligentemente, es lograr la solución pacífica y constructiva de tales conflictos, poniendo en una balanza la adecuada explotación de los recursos naturales y en la otra la preservación del ecosistema. Y lograr que la balanza no se incline para ningún lado es difícil, por las grandes diferencias de poder e influencias que hay entre el interés económico y el interés sociocultural y ambiental.
Además, es frecuente que esas pujas tengan por teatro regiones de conflicto social, donde hay alto grado de informalidad económica, influencia de grupos armados al margen de la Ley y poca presencia del Estado.

Atiza a tales confrontaciones el que entre las partes hay desconfianza, el que buen número de los estudios de impacto ambiental son deficientes y el que muchos proyectos económicos afectan el tejido social de comunidades, su cultura, degradan el medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad.

El más reciente caso ha ocurrido en Cajamarca (Tolima) pero pronto el escenario será otro lugar de la geografía nacional. La comunidad grita que la exploración de minería de oro autorizada le daña el agua, le lesiona tierras de explotación agrícola, le traumatiza y afecta la biodiversidad.
Los problemas ambientales son complejos y generan conflictos. El Estado no ha sabido ser árbitro de ellos, pese a que exigen una solución preventiva, inmediata. Las decisiones de la administración con frecuencia se inclinan a favorecer los intereses económicos, subestimando las pretensiones de la comunidad afectada, lo que larva los conflictos y hace que éstos muten en violencia.

El gran desafío es lograr crear mecanismos de conciliación de estos conflictos que sean aptos y eficaces, que sepan darle un justo precio a los daños ambientales, que sancionen adecuada y efectivamente los daños al medio ambiente que se causen, que den pronta y cumplida solución a las confrontaciones que al respecto hay.

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