Contratación sospechosa en Ley de Garantías

Permanentemente la sociedad reclama de los políticos y funcionarios el mejor comportamiento, el más comprometido, el más responsable, el más eficaz, el más honesto, entre otras cosas porque su trabajo está directamente relacionado con los bienes y los dineros del Estado, es decir, de cada uno de los ciudadanos, pero, a pesar de que el reclamo es permanente, de que existen organismos encargados de vigilarlos, de que hay leyes que les indican sus límites y obligaciones, la corrupción no se aplaca y las conductas que van desde indelicadezas hasta desfalcos multimillonarios, siguen ocupando las publicaciones diarias en la prensa.

Es lo que acabamos de ver con la denuncia que hizo este periódico sobre el alud de contratos firmados por parte del Instituto de la Juventud el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, Inderbú, donde, en una marcha sobre la línea que bordea el terreno de la legalidad hacia la ilegalidad, se han saltado abiertamente el espíritu de la Ley de Garantías para firmar con algunas personas, como lo certifica el Sistema Electrónico de Contratación pública, Secop, un total de 36 Contratos de Prestación de Servicios, CPS, por valor total de mil 109 millones de pesos, desde el pasado 29 de junio hasta hoy.

La denuncia de Vanguardia apunta a que tal actitud, claramente indelicada y muy poco transparente, se ha hecho a expensas de la directora del Inderbú, Silvia Natalia Niño Villamizar y la ya cuestionada funcionaria de la administración central, Saharay Rojas, en hechos administrativa y jurídicamente tan discutibles, que ocasionaron la renuncia irrevocable del jefe jurídico del Instituto descentralizado. Niño Villamizar opaca así una brillante carrera deportiva, mientras que Rojas simplemente confirma que el decoro y el cuidado de los recursos públicos no le causan desvelos.

Preocupa, además de la actitud desafiante de las funcionarias, el hecho de que la contratación de estas 39 personas se da en los tiempos en que se avanza en una campaña política, en la que el candidato que se señala como representante de la actual administración, podría estar recibiendo un impulso extra de parte de un incierto número de contratistas y funcionarios. Por lo visto, lo que está pasando en el Inderbú, con la dirección del nivel central de la Alcaldía es la forma de cumplir la ley y burlar las normas, en este caso de la ética y la decencia.