sábado 15 de diciembre de 2018 - 12:01 AM

De las buenas intenciones a las crudas realidades

Un refrán expresa: “de buenas intenciones está tapizado el camino del infierno”. Eso sucede con el impuesto nacional al carbono. Se creó en la reforma tributaria de 2016 para cumplir con los compromisos contraídos por Colombia en la Conferencia sobre el Cambio Climático de París (COP 21), cuyo propósito es reducir el 20% de las emisiones de gases efecto invernadero para el 2030. Comenzó a cobrarse en 2017 y su destinación específica era aumentar la extensión de áreas protegidas, luchar contra la deforestación, delimitar y proteger los 36 complejos de páramo, cuidar las cuencas de los ríos y corrientes de agua y la adaptación al cambio climático de los municipios más vulnerables.

Dicho impuesto, cuyo fin es desincentivar el uso de combustibles fósiles, obliga a las empresas a pagar algo más de $15 mil pesos por cada tonelada de CO2 que emiten a la atmósfera durante sus operaciones con gasolina, ACPM, kerosene, jet fuel, fuel oil y gas natural. Entre 2017 y hoy, con él se han recaudado más de $700 mil millones.

Siendo la intención de la norma y su espíritu atinados y claros, lo que ha ocurrido desconcierta, pues ella se modificó en junio de 2018 y la nueva ley, que cambió la destinación de lo recaudado, dispuso que un 25% de tal suma se destine a controlar la erosión costera y a cuidar fuentes hídricas, un 5% para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el 70% al postconflicto.

Así, se desvertebró la norma inicial y lo recaudado no alcanza para la lucha contra el desorden climático, ni puede financiar el postconflicto.

Además, por la falta de claridad normativa, los más de $700 mil millones que hay recaudados reposan sin usar en el Ministerio de Hacienda, no hay certeza de a qué proyectos se puede destinar el 70% de dicho dinero y probablemente terminará en la bolsa del Presupuesto General de la Nación.

Ello, en Colombia, que ha contraído exigentes compromisos internacionales para luchar contra el cambio climático y el postconflicto exige inmensas inversiones.

El gobierno Santos creó el impuesto, le dio destinación, luego se la cambió y con ello todo se enredó.

De buenas intenciones está tapizado el camino del infierno.

El gobierno Santos creó el impuesto, le dio destinación, luego se la cambió y con ello todo se enredó.

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