Debe primar el consenso en el debate de la Reforma Tributaria

En la primera hora del primer día de su administración, Gustavo Petro presentó el proyecto de Ley de Reforma Tributaria, una de las más grandes apuestas de su gobierno, y lo hace en una etapa que los mandatarios suelen usar para capitalizar la llamada ‘luna de miel’ con la opinión y todos los sectores de poder, pero el presidente decidió hacer un avance que será decisivo para el éxito o fracaso de su gestión, pues, del trámite que acaba de comenzar en el congreso, dependen buena parte de los recursos que requieren las tantas reformas consignadas en su programa de gobierno.

El proyecto, como es obvio, no cayó bien en todos los sectores, ha concitado las críticas de los opinadores y no pocas glosas de expertos que, desde varias direcciones han señalado excesos, omisiones, grietas o inconvenientes proyecciones en el cuerpo de un proyecto de Ley, redactado por José Antonio Ocampo, reconocido nacional e internacionalmente como autoridad en materia económica y tributaria particularmente. Pero, al parecer, estamos aún muy lejos de un consenso, pues algunos consideran que la fuerza con que se propone gravar al sector productivo, los empresarios, comerciantes, etc, es tal, que puede hacer que, finalmente quienes vayan a terminar castigados sean los consumidores.

Por ahora, lo que se ha visto es que de la idea de Gustavo Petro, de una reforma para recaudar 50 billones, quedamos en una que aspira a llegar a la exacta mitad, 25 billones y ya no alcanza solamente a 4000 personas, como se dijo, sino a todos los colombianos con ingresos superiores a 10 millones de pesos, sorpresa que se sumó a los impuestos que se cargaron sobre las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, punto en el que se ha concentrado buena parte del debate hasta el momento.

Pero, además de este asunto, que parece tocar a la ciudadanía toda, está la preocupación de los economistas en el sentido de calcular el riesgo de que la reforma afecte la acumulación de capital en un país que, como el nuestro, tiene muy bajos niveles de ahorro e inversión. De todos modos, el debate apenas comienza, en la opinión pública y en un congreso que, al igual que el presidente, mayoritariamente ha prometido un cambio y debe demostrarlo en un trámite científico, democrático, transparente de este proyecto de Ley para que, al final de cuentas y en un acto de justicia, represente y proteja equitativamente los intereses de todos los sectores sociales y de la producción.