jueves 24 de septiembre de 2009 - 10:00 AM

El caso de corrupción en el INCO

El escándalo apenas comienza y tiene amplio espectro. Desafortunadamente ha empezado a tenderse en torno suyo una cortina de humo argumentando que si se destapa la podredumbre que hay en el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), sufrirán un duro revés los programas de infraestructura. Si tal tesis triunfa, Colombia se habrá adentrado aún más en el círculo infernal de la corrupción.

En el caso del INCO hay varias caras y ninguna debe quedar en la bruma: hay un caso de corrupción cuya investigación debe llegar al fondo; algo, diferente, son los desaciertos del gobierno central en la designación de altos gerentes, de funcionarios del sector público y en la postulación de aspirantes a ocupar cargos de solera en el Estado; otra cosa es la falta de transparencia en la contratación.

Sería funesto para el país ponerle a este caso sordina con base en que 'este tipo de incidentes afectan en materia grave el imperativo de avanzar, rápido y bien, en la proyección y ejecución de las grandes obras'. Ese axioma es falso y encubre el delito.

Desde hace tiempo se comenta que en la  selección de contratistas de obras de infraestructura vial hay 'coima' a funcionarios estatales y todo ha quedado tras la niebla por falta de valor civil de quienes tienen certeza de tan sucios manejos.

El INCO maneja multimillonarios contratos y como se ha debatido en la academia, en los foros sobre corrupción y en los análisis que hacen los estudiosos, una de las principales charcas de ella está en la contratación estatal. Poco ha hecho Colombia para que eso cambie.

El caso del INCO debe ser investigado exhaustivamente y vincular tanto a los funcionarios públicos corruptos como a los empresarios que incurrieron en el delito, pues tan delincuente es el empleado público venal como quien da la 'mordida'. La Justicia debe dilucidar qué fue lo que ocurrió en este episodio donde el CVY al parecer ascendía a mil millones de pesos. En Colombia la corrupción es una de las principales causas de la evaporación de los recursos que deben combatir las inequidades sociales, aquellas que padecen más de 20 millones de compatriotas que se debaten en la pobreza.

Otro problema, distinto, es que uno de los lunares negros de la administración Uribe Vélez es la reiterativa falta de tino en la selección de nombres para altos cargos del Estado. Lo ocurrido en Invías y en el INCO no son casos aislados. Ha sido frecuente seleccionar a personas como Álvaro José Soto, o a Daniel García Arizabaleta (para cabeza de Invías). Otro ejemplo de ello es la integración de la terna para Fiscal General de la Nación. Desafortunadamente tal proceder no cambiará.

Este caso no admite que la opinión pública y la prensa se distraigan con carnadas que se lanzan para dispersar la atención y lograr que la bruma cubra algo tan letal para el país.    

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