lunes 30 de enero de 2023 - 12:00 AM

El control a las tarifas de servicios públicos

Si bien puede ser una angustia actual el alto nivel de las tarifas, para la mayoría de los hogares, tan importante como bajar esos cobros, es que el sistema sea sostenible, para evitar que más adelante haya un rebote en el precio
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Un nuevo debate vive por estos días el presidente Gustavo Petro, luego de afirmar que piensa retomar las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos. La intención presidencial tiene fundamento en las que para el ejecutivo son altas tarifas, especialmente de energía y gas, que en los últimos años han golpeado con especial fuerza a los usuarios de la costa atlántica, pero, así mismo, a otras regiones del país.

La controversia no ha sido determinar si el mandatario tiene o no esta facultad, porque según las normas la tiene, y reposa en el artículo 370 de la Constitución, así como en la Ley 142 de 1994, sino que se enfoca en una discusión recurrente, como es la de establecer qué tan conveniente o inconveniente es poner los recursos del Estado en empresas privadas, que es el modelo bajo el que han operado los servicios públicos últimamente, pero, claro, existen también grandes interrogantes sobre la conveniencia o inconveniencia de que estos recursos sean administrados directamente por agentes del mismo Estado.

La costa Caribe ha sido ejemplo tanto en uno como en otro caso, pues si bien recientemente hizo crisis el sistema del sector de energía, manejado por empresas privadas allí, lo mismo ocurrió años atrás, cuando el control estuvo en manos del Estado. Considerando esto, se torna de cierta forma bizantino afrontar la discusión sobre preconceptos o sobre las experiencias negativas de uno y otro de los sectores, público y privado. La intención presidencial de controlar la administración de los servicios públicos debe movernos hacia otras consideraciones.

En efecto, lo deseable en esta coyuntura es que el debate se dirija a enfoques menos prejuiciosos y más objetivos, como lo es el aspecto técnico, que, al menos el que está contenido en la ley 142 de 1994, exige reformas que lo adecúen a las tecnologías y realidades de hoy, 29 años después de expedida. Pero, además, lo deseable es que no lleguemos al extremo de que la administración de los recursos públicos, se base sólo en consideraciones políticas, pues, si bien puede ser una angustia actual el alto nivel de las tarifas, para la mayoría de los hogares, tan importante como bajar esos cobros, es que el sistema sea sostenible, para evitar que más adelante haya un rebote en el precio que perjudique igual o peor al país. Ponderación en lo político y énfasis en lo técnico, pueden ser partes de una fórmula que permita tramitar el asunto con tranquilidad y seguridad.

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