sábado 14 de febrero de 2009 - 10:00 AM

El estado de Conmoción Interior

Colombia vivió gran parte del siglo XX bajo el imperio del Estado de Sitio. Lo normal durante tales tiempos fue vivir bajo el imperio de dicho estado de anormalidad, diseñado para enfrentar coyunturas de aguda crisis gubernamental. Lo excepcional fue el tiempo en que no rigió tal figura.

La Constitución de 1991 buscó solucionar ello creando varios estados de excepción Constitucional y les fijó reglas, condiciones y controles a su instauración y vigencia.
El Gobierno, para enfrentar el paro judicial, oyendo sugerencias apresuradas sumadas a la alharaca del ministro del Interior diciendo que por el paro miles de presos iban a salir de las cárceles, el 9 de octubre de 2008 declaró al país en Estado de Conmoción Interior.

Editoriales de Vanguardia Liberal en su debido momento, al igual que espacios de opinión de gran parte de la prensa escrita nacional, criticaron tal decisión porque los fundamentos para ello no eran sólidos, ya que había en la legislación normas para enfrentar la crisis laboral de la Rama Judicial; la mora en el trámite de los procesos no era producto del paro sino un problema estructural de nuestra  administración de Justicia y nadie había podido explicar cuántos presos iban a quedar libres y cuáles eran las reales causas de ello. Se pidió sensatez, pero nadie oyó.

La Corte Constitucional, en fallo del 12 de febrero de 2009, declaró inexequible el decreto que instauró el Estado de Conmoción Interior. ¿Razones? Las mismas que la prensa adujo en octubre de 2008 y que hemos enumerado. Señala la sentencia que el gobierno incurrió en error manifiesto de apreciación, ya que no pudo probar que el paro afectaba el orden institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana. Y le 'jaló las orejas', ya que 'debe ser riguroso a la hora de tomar una decisión de este tipo'.

Lo anterior originó declaraciones del Ministro del Interior que dejan un sabor amargo en la boca, pues quien detenta el  rango de ministro de Justicia, buscando descalificar la sentencia, dijo que 'el fallo no tiene un efecto práctico', lo que desafortunadamente es cierto.

Efectivamente, el control que ejerce la Corte Constitucional no puede llevarse a cabo cuatro meses después de decretada la  medida de excepción, pues como tal fallo no tiene efectos retroactivos, es un simple 'saludo a la bandera', ya que no hace que las cosas vuelvan a su estado original. Además, se corre el riesgo de que, en otra oportunidad, algún gobernante tome medidas peligrosas a sabiendas de que el control de la Corte no deshará el daño causado.
    
Colombia recibe entonces otra amarga lección: el gobierno con precipitación oyó a alguien que propuso una medida extrema, el país vivió 90 días bajo un estado de excepción y meses después la Corte Constitucional grita que no ha debido ocurrir lo que ocurrió, pero lo que se hizo, hecho quedó.  

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