viernes 09 de agosto de 2019 - 12:00 AM

El Laudo Arbitral de Ruta del Sol S.A.S.

Tiene que vigilarse con celo el desarrollo de tales procesos para que Odebrecht no se enriquezca a costa de erario colombiano
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El Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las controversias contractuales existentes entre la sociedad comercial “Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.” y la entidad estatal Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que funcionó en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de la citada empresa comercial, profirió Laudo Arbitral o fallo definitivo que solo admite los recursos extraordinarios de anulabilidad y revisión.

El sentido y contenido de tal Laudo Arbitral (tomado con el voto unánime de los tres árbitros) protege el interés público y el patrimonio de nuestro Estado y aclara muchos asuntos y especulaciones respecto de la relación contractual del Estado colombiano con esa sociedad concesionaria, de la que son accionistas Odebrecht (con el 62% de las acciones), Repisol (33% de las acciones) y el grupo Solarte (5% de las acciones) y llega al fondo del conflicto de intereses económicos que ha habido en los últimos años en relación con tal obra de infraestructura.

En el país había honda inconformidad, porque en abril de 2016 la citada sociedad convocó dicho Tribunal de Arbitramento, para reclamar del Estado el pago de una gran suma de dinero por haber terminado en forma anticipada el contrato, pese a ser ampliamente sabido que Odebrecht incurrió en millonarios sobornos para que les fuera adjudicada la construcción de dicha obra.

El acertado conocimiento de los árbitros de la figura de la contratación estatal, su ponderación y buen criterio sobre lo que contamina a un contrato el haberlo celebrado con base en actos de mala fe, cómo ello hace que el objeto y la causa contractual estén viciados de nulidad absoluta desde su momento inicial y hasta su final, condujo a que declararan que es absolutamente nulo todo el contrato. Es un fallo atinado y digno de aplauso.

No debe olvidarse que Odebrecht, controvertida compañía contratista, inició en España un proceso contra el Estado colombiano reclamando el pago 1.300 millones de dólares, por la “expropiación ilegal de bienes e incumplimiento en el procedimiento liquidatorio del contrato” y, hace poco, ante la Cámara de Comercio Internacional de París, comenzó otro proceso semejante por las mismas razones.

Tiene que vigilarse con celo el desarrollo de tales procesos para que Odebrecht no se enriquezca a costa de erario colombiano.

editorial
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