martes 12 de marzo de 2019 - 12:00 AM

El momento de llamar a la calma

La decisión del presidente Iván Duque Márquez de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha despertado una tormenta política en el país y revivido la polarización tras la firma de los Acuerdos de Paz con las Farc. Mientras un sector político, encabezado por el Centro Democrático, afirma que tales objeciones son necesarias para garantizar que no exista impunidad en la ejecución de los acuerdos, otro sector, uno de cuyos expositores es el Procurador Fernando Carrillo, considera que tales objeciones abren un debate “inoportuno e inútil, desconociendo abiertamente el rol de la Corte Constitucional”.

No es el fin de este espacio debatir si le asiste razón o no a la Presidencia al haber objetado seis puntos de la JEP, por motivos de conveniencia, pero sí llamar a la cordura de todos los intervinientes en lo que significa este proceso.

Las objeciones propuestas por el Presidente de la República, que tienen que ver con que no se aplique la Justicia Transicional a los responsables de crímenes sexuales contra menores, a establecer límites entre la JEP y la Fiscalía cuando se trate de delitos continuados y de la pérdida de beneficios para quienes reincidan, han sido reclamos constantes desde que inició la gestión de los acuerdos. Pero estas objeciones no quieren decir que se hayan hecho “trizas los acuerdos”, como han señalado muchos, pues fueron solo seis los artículos objetados de los 159 artículos que componen esta Ley Estatutaria.

Lo que viene ahora es lo que determinará realmente cuál será el futuro de los acuerdos y es allí donde el país debe abandonar esa lucha mezquina entre sus opositores y quienes los apoyan, pues está de por medio el proceso de desmovilización guerrillera más grande de la historia de Colombia.

Ahora el Congreso deberá estudiar las objeciones y decidir sobre cada una de ellas. Pero si esta puerta no se abre de manera responsable, el trámite en el Congreso puede terminar convertido en un choque de trenes, que ponga en entredicho la institucionalidad. Estas objeciones mal entendidas pueden terminar en un debate legislativo sobre temas que ya han superado el análisis Constitucional y que signifiquen, ahí sí, acabar con la esencia misma de los acuerdos.

Es el momento que el Congreso entienda que no es tiempo de revanchismos, sino de obrar con consecuencia pensando en lo mejor para el país.

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