sábado 31 de enero de 2009 - 10:00 AM

El problema carcelario

Anteayer, desde la Casa de Nariño, el Ministro del Interior anunció que el gobierno había tomado drásticas medidas para evitar que quienes están recluidos en las cárceles sigan delinquiendo desde su interior.

La opinión pública vio en ese momento al Ministro Delegatario con funciones presidenciales severo, sentenciando que se acabaría el delito desde las prisiones, que en adelante habría cero tolerancia. Pero, ¿será verdad tanta belleza?  

Desafortunadamente somos escépticos, pues lo dicho por el Ministro choca con la realidad. El problema de las cárceles no se soluciona con una medida represiva coyuntural. Colombia no ha tenido una política penitenciaria seria ni integral; sobre nuestros centros de reclusión no hay gerencia ni planeación, ni seguimiento de los proyectos que tratan de implementarse. Es decir, la solución del asunto carcelario no está dentro de las prioridades del gobierno Uribe
Las sentencias del Ministro sobre la situación de las cárceles se las lleva el viento.

Es evidente que el sistema penitenciario no cumple con los postulados básicos ni con la filosofía de las penas privativas de la libertad de las personas: sancionar y rehabilitar; aquí todas las políticas carcelarias que se han anunciado han colapsado y los gobiernos nacionales se preocupan sólo por el problema de hacinamiento que en ellas hay.

En las prisiones del país prolifera la corrupción, los programas de resocialización son casi inexistentes, la gran mayoría de las instalaciones carcelarias son viejas y con sistemas de seguridad caducos.

Las cárceles son controladas por presos que repartiendo sobornos y amenazando a quienes los vigilan, logran seguir delinquiendo y organizando nuevas bandas criminales; los detenidos extorsionan, comercian con estupefacientes, cometen toda clase de delitos; todas ellas son solo manifestaciones de algo de fondo: no hay una política criminal integral, sólo reacciones cada vez que aflora la podredumbre que hay dentro de las prisiones.

El problema se ha agudizado desde cuando se acabó el Ministerio de Justicia al fusionarlo con el Ministerio del Interior.

La sentencia T-153 de 1998 de la Corte Constitucional le ordenó al gobierno elaborar un plan de construcción y refacción carcelaria para garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas y que se separara a los sindicados de los condenados; para ello concedió un plazo de 4 años. El gobierno ha incumplido estos mandatos. Eso no es todo. La administración Uribe ha trasgredido las políticas carcelarias que han trazados 3 Conpes, el 3080, el 3277 y el 3412. Por ello somos escépticos frente a los anuncios drásticos hechos por el Ministro anteanoche.

El hacinamiento en la cárcel Modelo de Bucaramanga es de más del 160%, a nivel nacional es de más del 130%; el informe del 2008 de la Contraloría General sobre la situación carcelaria señala que el gobierno lleva un año de atraso en la construcción de 11 cárceles y ha habido un sobrecosto de $ 88 mil millones de pesos.

Así, el país más que medidas coyunturales, necesita una verdadera política criminal, gerencia y planeación carcelaria.

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