Por varios meses ya, la inseguridad viene siendo fuente permanente de malas noticias y tema recurrente en los medios, las redes y la opinión pública que, por momentos, se siente verdaderamente cercada por la gran cantidad de delitos que ocurren en la ciudad, sin que se sienta una reacción oportuna y eficaz de parte de la autoridad y sin que se vea que el gobierno municipal sea capaz de liderar un proceso o una estrategia en contra de la delincuencia, que tenga fundamentos ciertos y objetivos claros tanto para el momento actual, como para las semanas y meses venideros.
Tanto menos se advierte que, ni en los municipios conurbados con Bucaramanga, ni mucho menos en el área metropolitana como un todo orgánico, que lo es, haya siquiera la intención de trazar políticas, definir estrategias y coordinar tareas que devuelvan el control de las ciudades a la autoridad policial y que dé golpes verdaderos al hampa, para que las personas puedan recuperar la tranquilidad. La ciudadanía está esperando desde hace tiempo ésta clase de comportamientos de las autoridades civiles y de policía, pero solo se ven acciones esporádicas, golpes marginales y no muy contundentes, o errores crasos que dejan mucho qué pensar, como el de anunciar capturas de personas que las mismas víctimas niegan como autores del delito señalado.
Errores como estos abren grietas en la autoridad municipal y dan espacio para que funcionarios como el Gobernador de Santander intervenga con una propuesta señalada reiteradamente como improcedente, que es la de utilizar al Ejército Nacional para cumplir labores que constitucionalmente no le corresponde a esta Fuerza. Al respecto la Corte Constitucional se ha manifestado en varias oportunidades recordando que la Carta establece que “Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” por lo que ha advertido que las Fuerzas Militares, Ejército, Fuerza Aérea y Armada no pueden ejercer funciones de Policía Judicial”. Lo que exige la ciudadanía, fatigada ya de la delincuencia y la impunidad a que nos lleva la incompetencia de las autoridades, es que estas se comporten con la seriedad, la responsabilidad y la eficacia con que se comprometieron a actuar al asumir sus cargos, sobre todo, cuando está de por medio la seguridad, la integridad y la vida de las personas.
