Mientras ascendemos irremediablemente la pendiente de la nueva ola de contagios de COVID-19 en Santander, y comienzan a planearse las nuevas restricciones, toques de queda y posibles confinamientos parciales y totales, notamos planes y programas que debieron implementarse en los meses pasados de baja intensidad de la pandemia, pero que aún hoy están más en el papel que en la realidad cotidiana. Tal es el caso de la presencialidad o alternancia en la educación oficial, largamente superada por la crisis sanitaria y aún hoy detenida casi por completo por múltiples causas.
La educación pública presencial en Santander no ha podido rehabilitarse prácticamente en nada. Un puñado de colegios en el departamento y Bucaramanga no alcanza para hacer siquiera una mínima diferencia entre el caótico y sin duda deficiente año lectivo 2020 y el que penosamente estamos recorriendo.
La afirmación del Ministerio de Educación de que ya se giraron los recursos y fue responsabilidad de cada ente territorial acondicionar las aulas, la lenta marcha del gobierno departamental, las complejas gestiones administrativas de los municipios, las prevenciones de los maestros sobre su seguridad frente a la pandemia y las obvias reservas en el mismo sentido de los padres de familia, por nombrar solo algunos inconvenientes, hicieron que nos encontremos frente a un nuevo pico de contagio, sin haber avanzado prácticamente nada en el regreso de los niños al colegio.
Fecode insiste en no regresar a las aulas, porque no están dadas las condiciones, y mientras eso sucede, los estudiantes oficiales siguen acumulando semanas en un modelo educativo todavía improvisado, deficiente, excluyente y, entre muchas otras fallas, causante de la alta deserción, que nos expone a males mucho mayores en un futuro de mediano plazo, pues, como lo hemos dicho ya, impulsa a muchos niños y jóvenes a una vida que aún no les corresponde, con realidades sencillamente injustas y peligrosas para ellos.
Mientras el Plan Nacional de Vacunación no llega a los profesores de edades riesgosas o con comorbilidades, las alcaldías, como última pieza de esta cadena burocrática, siguen recibiendo insuficientes presupuestos y sin posibilidades de mejoramiento de la planta física de las instituciones educativas, además de la compra de tapabocas, caretas y otros elementos para la protección de la salud de maestros, estudiantes y personal administrativo y de servicios generales. En pocas palabras, un año después de iniciada la pandemia, el sector educativo sigue siendo el que más impacto negativo ha tenido.
