sábado 10 de enero de 2009 - 10:00 AM

El sonrojante caso del director de Invías

Bill Richardson fue escogido por el electo presidente de E.U., Barack Obama, como nuevo Secretario de Comercio de tal país, pero afloró que hay una investigación por la posible celebración de dos contratos públicos del estado de Nuevo México, del que es gobernador, con una firma que donó 110 mil dólares a su campaña electoral cuando era candidato a tal cargo, lo que lesiona la ética y se indaga si violó o no normas vigentes.

Esto fue suficiente para que Richardson, el más internacional de los latinos de E.U., decidiera no aceptar la nominación,  diera un paso al costado y pidiera al señor Obama nombrar a otra persona pues consideró que podía generar tropiezos al nuevo gobierno.

Hace pocos meses, en India, a raíz del ataque terrorista contra varios hoteles de Bombay, el ministro del Interior y otros altos funcionarios de dicho país renunciaron por decoro y responsabilidad política. Y pululan ejemplos por doquier al respecto.

Daniel García Arizabaleta, director de Invías, probablemente como funcionario es eficaz, leal al Presidente, pero ha demostrado no tener vergüenza al insistir en su permanencia en tal cargo, pese a las acusaciones en su contra. Y el Presidente lo ha respaldado.

Si se revisan los cargos disciplinarios imputados al señor García y los fallos proferidos, se concluye que su actitud no tiene presentación y es un nefasto precedente.

En Colombia hay un Código Disciplinario Único para Servidores Públicos que contiene un conjunto de normas que consagran conductas que si son llevadas a cabo por funcionarios públicos, infringen los deberes, las prohibiciones, la inhabilidad e incompatibilidades que deben observar para el debido cumplimiento de los fines del Estado y por ello se sanciona a los culpables.

Si un funcionario público es acusado de incurrir en alguna falta y luego de recaudar pruebas al respecto, al fallar se le sanciona en primera y en segunda instancia, el empleado debe retirarse del cargo por vergüenza, decoro, dignidad y el bien de la administración pública.

Eso es lo que ha ocurrido en el caso comentado. Ahora argumenta el habilidoso funcionario que intentará un recurso no ordinario, de diagnóstico muy reservado, con la remota esperanza de 'tumbar' el fallo dictado por la Procuraduría en su contra.

Nadie le critica por ello, lo que es inexcusable es que pretenda, mientras tanto, permanecer en  el cargo público que desempeña.

Eso no tiene presentación. Debe renunciar de forma inmediata y, si desea, interponer los recursos que a bien tuviere para defender los que considera son sus derechos. Lo contrario sonroja.

Cuando la historia juzgue los aciertos y yerros de la administración Uribe, se  resaltarán sus innegables virtudes, pero al mirar sus puntos débiles se dirá que hubo empecinamiento al insistir en la permanencia en sus cargos de funcionarios que le causaron tropiezos innecesarios, como ha ocurrido en el caso García Arizabaleta.

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