viernes 10 de mayo de 2019 - 12:00 AM

El vencimiento de términos, un derecho controvertido

Una medida anunciada como apta para evitar el hacinamiento resultó ser herramienta ideal para sacar de la cárcel a muchos acusados de graves delitos, profundizando la crisis de nuestra Justicia

En el país no hay certeza de cuántos presos han salido de la cárcel usando una polémica figura implantada para los procesos penales: el vencimiento de términos. Lo que sí se sabe es que son miles. Ella se implantó para combatir el hacinamiento en las cárceles, pero lo que ha hecho es ahondar la crisis de la Justicia Penal.

Cuando tal medida se implantó, el entonces ministro de Justicia, Jorge Londoño, anunció que era eficaz para descongestionar las cárceles del hacinamiento agudo que padecen. El tiempo ha demostrado que no solo no solucionó el problema de la superpoblación carcelaria, sino que ha sido una herramienta útil para agudizar la impunidad. El desarrollo de un proceso penal es así: cuando una persona es señalada de cometer un delito y se le captura, debe comparecer a una audiencia de legalización de la captura. En el tiempo sigue una segunda audiencia, la de imputación de cargos, en la que se le comunica al sindicado de qué delitos se le acusa y qué pruebas hay en su contra. En una tercera audiencia, la de solicitud de medida de aseguramiento, el fiscal pide que se prive de libertad al procesado o no y el juez decide si lo envía a una cárcel, le da la detención domiciliaria u otra medida regulada en la ley, o lo deja en libertad.

A partir de ese momento comienzan a contarse 60 días para que la Justicia presente escrito de acusación contra el procesado. Si en tal lapso no ocurre ello, el detenido seguirá vinculado al proceso pero estará en libertad. Lo mismo ocurre cuando transcurren 120 días desde la fecha de la presentación del escrito de acusación y no se inicia la audiencia de juicio. En esta etapa es cuando más se dan las maniobras dilatorias de los defensores de los procesados. Hay otra ventana de impunidad: cuando transcurridos 150 días desde la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se ha celebrado la audiencia para leer el fallo o su equivalente. Bajo estos alegatos, varios los funcionarios señalados de corrupción en Santander han logrado su libertad, aunque no se hayan sido exonerados de los delitos que se les acusan.

Así, una medida anunciada con gran parafernalia como apta para evitar el hacinamiento resultó ser herramienta ideal para sacar de la cárcel a muchos acusados de graves delitos, profundizando la crisis de nuestra Justicia.

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