viernes 13 de septiembre de 2019 - 12:00 AM

En torno a la trashumancia electoral

En la campaña para elegir autoridades regionales de 2019, ha vuelto a haber, con fuerza, trashumancia electoral, grave vicio que distorsiona la voluntad popular.
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En 1988, por primera vez, se eligieron los alcaldes a través del voto popular, sumándose, más tarde, la elección de los gobernadores. Esto generó un cambio en los mecanismos usados para hacer política en las regiones, pues los clanes electorales regionales, que eran duchos en argucias para lograr que el Estado central les nombrara a un válido suyo como alcalde municipal, o como gobernador de un departamento, idearon métodos para obtener los votos necesarios para manejar las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.

Ello ha llevado a que las “empresas electorales”, entre otros mecanismos, usen los nombramientos en cargos de nivel municipal y departamental de miembros de esta o aquella “clientela” política, que contratistas del Estado financien las cada vez más costosas campañas electorales y el trasteo de votos o trashumancia electoral.

Desde 1988, en época preelectoral, se agudizó una incorrecta forma de hacer política, la masiva inscripción de cédulas de ciudadanía en lugares distintos a los de residencia de los ciudadanos para viciar el censo electoral y lograr que las “empresas electorales” manipulen el resultado de los comicios, deformando y falseando la libre expresión de la voluntad popular.

Sabemos que Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático, pero desafortunadamente abundan los actos que lesionan la transparencia de la democracia a través de procedimientos como la trashumancia electoral, el clientelismo, la corrupción y otros vicios que desplazan, elección tras elección, al debate ideológico y programático.

Desde los comicios de 1997, la trashumancia electoral se agudizó; en tal oportunidad el Consejo Nacional Electoral recibió más de 310 demandas solicitando la anulación de inscripción de cédulas por trashumancia. Para combatirla, el Código Penal creó el tipo delictual: “Delitos contra mecanismo de participación democrática”, pero nada ha cambiado.

La trashumancia electoral ha tomado tal vuelo, que en las elecciones de 2015 (las últimas elecciones locales) el Consejo Nacional Electoral anuló alto número de cédulas inscritas.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha difundido el mapa de riesgo de trashumancia electoral, que evidencia que cerca de la mitad del territorio nacional ha sido marcado históricamente por tal vicio electoral.

En la campaña para elegir autoridades regionales de 2019, ha vuelto a haber, con fuerza, trashumancia electoral, grave vicio que distorsiona la voluntad popular.

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