domingo 04 de abril de 2010 - 10:00 AM

Es imperativo luchar contra la corrupción

La corrupción ha avanzado en Colombia galopantemente. Hoy es una pandemia que saquea al Estado y causa inenarrable cantidad de daños tanto a la sociedad, como conjunto, como a cada ciudadano en particular, pues destroza la confianza que éste debe tener en las instituciones, en las autoridades, en sus congéneres y tiene secuelas desastrosas ya que las nuevas generaciones han ido edificando una tabla de valores flexible en la que todo es permisible y actuar en forma incorrecta no es reprochable, ni censurable.

En Colombia se parte de premisas equivocadas: los males sociales sanan en corto tiempo, los valores colectivos no se lesionan si alguien actúa indebidamente, el pañete tapa las grietas morales, la colectividad resiste todo. No. Una enfermedad social dura mucho y es difícil curarla. Exige una terapia larga, rigurosa, severa. Con paños de agua tibia y titulares de prensa no cesará la corrupción.

Los sectores económicos que  más pagan impuestos son las capas medias de la población, los empleados y los trabajadores independientes. Al cruzar esto con el aumento del número de contribuyentes a los que se les dificulta cada vez más cumplir con el pago de gravámenes, tasas e impuestos, se concluye que muchos están  al tope de su capacidad de pago.

Y sea quien sea el nuevo Presidente de la República, deberá adoptar una drástica reforma tributaria para sanear las finanzas públicas.

Para  ello puede: aumentar los impuestos y gravámenes a quienes ya no resisten más; o bien, cortar las exenciones y gabelas otorgadas a los grandes inversionistas. Pero, además, debe declararle la guerra a la corrupción. Ninguna medida  será suficiente sin ello.

La principal fuente de corrupción es la contratación con el Estado a nivel local, departamental  y nacional. A través de ella se saquea el erario.

La corrupción en la contratación estatal se logra con el concurso de  familiares, válidos y prestanombres de los contratistas, constituyendo sociedades de papel y de fácil creación como las SAS. Esas son trincheras para el enriquecimiento ilícito de contratistas y funcionarios públicos.

Hoy, la principal fuente de financiamiento de los candidatos a concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, congresistas, etc., son los contratistas. Lograda la elección, se les gratifica otorgándoseles  cuantiosos contratos para que recuperen la inversión y aumenten su enriquecimiento. Paralelamente se arruina el Estado y se desmoronan  altos valores de la colectividad.

Sanear las finanzas del Estado exige frenar la corrupción. Para ello es necesario que haya responsabilidad penal de las sociedades, aumentar severamente las penas de prisión a quienes incurren en corrupción, a sus facilitadores y cómplices, prohibir a los contratistas (incluidos sus familiares y socios) que hagan aportes a las campañas electorales so pena de no poder contratar durante amplio lapso, prohibir que los funcionarios públicos -luego de renunciar- sean funcionarios o socios de contratistas estatales, entre otras medidas.

Políticas más laxas serán solo ampulosos titulares de prensa, paños de agua tibia que dejarán que la pandemia avance.

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