miércoles 11 de mayo de 2022 - 12:00 AM

Es urgente detener el paso depredador de la corrupción

Todos estos casos de grave corrupción, denunciados sólo en poco más de 15 días y que son nada más que una muestra del daño gigantesco que causan políticos que, como corsarios, caen a saco sobre el presupuesto y terminan por arruinar cualquier posibilidad de progreso para los santandereanos

No cabe duda de que la corrupción es uno de los problemas que más daño le hace al país y que, como lo demuestran las encuestas de todo orden de los últimos años, los colombianos lo identifican como una de las tres mayores amenazas, no solo para las finanzas del Estado, sino también para la salud de la democracia e incluso para la seguridad y la paz de la Nación, pues tenemos un fenómeno de corrupción que se ha instalado en prácticamente todas las instituciones públicas, tanto las del orden nacional, como departamental y municipal.

El agobio de los colombianos frente a este proceso delincuencial es tal, que incluso se llegó desde hace un largo tiempo a instaurar refranes infames e inaceptables como el que hace relación a los gobernantes, con la expresión “que robe, pero que haga”, lo que implica, de un parte una tácita connivencia del ciudadano con el político corrupto, sino también una especie de claudicación del mismo ciudadano, frente a la que parece insuperable impunidad que rodea y protege a los corruptos. Nuestra región, por supuesto, no ha estado al margen de esta crisis moral y, por el contrario, hemos tenido centenares de casos que nos perjudican y avergüenzan.

En las últimas semanas Vanguardia ha publicado una serie de informes que contienen denuncias sobre hechos de corrupción que involucran, varios de ellos, al exgobernador Richard Aguilar y que, de paso, ya comprometió también el actual gobierno, en cabeza de su hermano Mauricio Aguilar. Hemos publicado casos de protuberante corrupción en más de una actuación de Richard Aguilar que demuestran, y ya lo determinará definitivamente la justicia, que existió, según testigos y declarantes, que operó en esa administración una red dedicada al saqueo de los dineros públicos, en la que estaría implicado directamente el excongresista Edwin Ballesteros.

Pero también hemos denunciado los hechos que rodean la licitación por 104 mil millones para manejar basuras en Floridablanca; los incumplimientos en la obra del Tercer Carril, siete años después de entregada; la cuestionada concesión por 20 años del Parque del Parapente; los cinco contratos por $9 mil millones por los que deberá responder Edwin Ballesteros o las invitaciones públicas del Hospital Universitario de Santander con únicos oferentes. Todos estos casos de grave corrupción, denunciados sólo en poco más de 15 días y que son nada más que una muestra del daño gigantesco que causan políticos que, como corsarios, caen a saco sobre el presupuesto y terminan por arruinar cualquier posibilidad de progreso para los santandereanos.

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