jueves 10 de septiembre de 2009 - 10:00 AM

Escasez de árboles

Bucaramanga es una ciudad con cada vez menos pulmones verdes, pese a que la humanidad ha tomado conciencia de que la única posibilidad que queda de futuro es la preservación y mejoramiento de la naturaleza.

La meseta sobre la que Bucaramanga se levanta estaba poblada de árboles de caracolí, de sarrapios y otras hermosas especies de flora. En la medida en que la ciudad ha crecido y se han ido convirtiendo en urbanizables sectores que formaban parte del entorno rural, han desaparecido los árboles, la flora y la fauna, mientras el cemento gana espacio en todas las direcciones.

Hoy, si queremos llegar a ser una verdadera ciudad que pueda emular con otras del orbe su calidad de vida, tenemos que ser responsables a nivel ecológico y defender cada árbol que queda en lo que antes fue una apacible y florida meseta. Y es allí donde hay un gran escollo pues en Bucaramanga no hay conciencia ecológica, a punto tal, que no la tienen a cabalidad ni muchos de los que dicen defender el medio ambiente.

Preocupa que no haya defensores coherentes de los árboles que logran sobrevivir en medio del caos vial y del gigantismo urbanístico y que se profieran fallos judiciales que decretan el cercenamiento de árboles con base en peticiones que exigen 'defender el derecho al libre desplazamiento de las personas por las aceras'.

¿Acaso los árboles que llevan más de 100 años dando permanentemente su tributo a la naturaleza y que con generosidad, día a día, limpian el aire que el hombre contamina, no merecen seguir en su loable labor?

Probablemente haya muchos argumentos jurídicos que se puedan esgrimir para defender un fallo que decretó la tala de varios árboles, pero ninguna razón válida hay que justifique la muerte de un árbol ya que si algún ordenamiento jurídico defiende la ecología y el medio ambiente, ese es la Constitución de 1991. Así, hay una contradicción evidente entre tal decisión judicial y el espíritu de la Constitución.

La ciudadanía se pregunta si seguirán dictándose fallos que ordenen que las motosierras derrumben más árboles mientras prolifera el uso egoísta de figuras jurídicas por quienes se disfrazan de defensores del  bien colectivo y los valores constitucionales.

La Acción Popular, que hoy es de rango Constitucional y se usa para 'defender derechos colectivos', era una figura de la Legislación Civil que durante décadas pasó desapercibida. Al ser ascendida a norma constitucional y haberse creado un millonario incentivo económico para quien haga uso de ella y logre que un fallo judicial conforme a lo que pide, mutó en la herramienta no de quienes defienden el espacio público, sino de aquellos que buscan enriquecerse a costillas del erario y de los particulares.

El Congreso está obligado a corregir lo que está ocurriendo en una materia tan delicada,  que está tocando delicadas fibras del tejido social. ¿Lo hará?  

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