jueves 15 de abril de 2010 - 10:00 AM

Falta decisión para controlar el tránsito

El deplorable y escandaloso caso del atropellamiento múltiple en el barrio Terrazas por parte de un conductor ebrio que, además, era en ese momento miembro del gabinete municipal, deja no sólo a dos pequeñas en peligro de muerte, sino una gran cantidad de evidencias sobre el deficiente control que tienen las autoridades sobre estas situaciones.

No puede pasarse por alto que hubo errores graves en el caso puntual del ex director del Inderbu, pues aunque ayer se entregó, debería establecerse la responsabilidad de quien o quienes permitieron su libertad el día del accidente, circunstancia que pudo favorecer, como ya ha ocurrido en el pasado reciente, la evasión definitiva de la justicia por parte del causante de una tragedia de estas.

Todo esto tiene que ver con la gravedad que representa para la población en general, el hecho de tener personas ebrias al volante, lo que, por lo visto, sucede a todas las horas del día. Como se ha afirmado por parte de expertos en asuntos del tránsito y del derecho, un conductor ebrio es un homicida en potencia y el riesgo de su temeraria acción lo corren todas las personas que transiten por las vías o los andenes de la ciudad.

Esta es una situación a la que deben prestar especial atención las autoridades locales, por cuanto, según cifras oficiales, en 2009 aumentaron en 13.5% los casos de conductores ebrios en Bucaramanga. Esto en números concretos, significa que en 2009 fueron detectadas 990 personas conduciendo vehículos en estado de alicoramiento.

Ante esta situación, las autoridades acuden a la misma excusa que se asemeja ya a una fórmula protocolaria: 'no tenemos recursos; nos faltan alféreces'. La pregunta que aparece entonces, es ¿cuánto cuesta una vida, una sola vida, para que se justifique mantener en riesgo la de tantos por falta de equipos o personal para combatir con eficacia un peligro tan grande?

De nada servirá, entonces, que la Ley 1326 de 2009 haya dado un marco mucho más severo para sancionar a esta clase de infractores, si las autoridades no afrontan con verdadera determinación el fenómeno de los conductores ebrios. Y no sobra decir que en este caso a la administración local le cabe una especial responsabilidad moral en la materia, debido a que fue uno de sus más altos funcionarios quien incurrió en tal conducta, agravada posteriormente por declaraciones y actitudes que desdicen totalmente de la que debe ser la altura ética, intelectual y personal de quien representa a la ciudadanía en un cargo público, que era su condición al momento de causar la tragedia que ha conmovido  al país entero.

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