Hay que recuperar hasta el último estudiante cuanto antes
Al tiempo que el Gobernador declaraba ayer que los colegios públicos de Santander no volverán a clases presenciales tampoco en el segundo semestre de este año, los alcaldes del área metropolitana se disponían a buscar a 4.195 estudiantes que se matricularon, pero no se han conectado a las clases virtuales, que es lo mismo que decir que desaparecieron del sistema educativo. El número es bastante alto y preocupa en extremo por cuanto cada joven que deserta de la academia empieza a correr grandes riesgos de alejarse de un futuro de progreso.
Lo que llama más la atención de esta situación es que la causa primordial de esta deserción masiva de estudiantes es su imposibilidad de cumplir con los requisitos de la educación virtual, puesto que carecen de computador, de datos en sus dispositivos o sencillamente no hay conectividad en la zona, urbana o rural, en que residen. Esto debe ser considerado con toda seriedad por parte de la Gobernación y las alcaldías, ya que, además de ubicar a los niños, debe dotárseles con las herramientas y la conectividad para que regresen a clase.
Cada uno de estos niños y jóvenes que no puede ubicarse hoy en el sistema educativo enfrenta, por esta razón, situaciones muy perjudiciales, como la obvia de perder su escolaridad y, por consiguiente sus posibilidades de progreso personal y laboral en su edad adulta; otros, con seguridad, como lo indica la experiencia, están abocados al trabajo infantil, bien sea al interior de sus hogares o en diferentes actividades fuera de sus casas; otros empiezan a frecuentar la calle, en donde, todos sabemos, se multiplica el riesgo de vincularse a actividades ilícitas de distinta índole, esto, sin hablar de las niñas y adolescentes que estarán más expuestas a sufrir situaciones de violencia dentro y fuera de sus hogares.
No es, ni mucho menos, una situación tranquilizadora tener a tantos niños y jóvenes a la deriva, siendo víctimas de una situación injusta, puesto que están a punto de perder definitivamente su educación, no por su culpa, sino porque el Estado no ha sido capaz, en medio de la crisis que se vive, de conservar para ellos ese derecho fundamental.
El Estado y los particulares debemos sumar esfuerzos por asegurar que estos 4.195 niños, niñas y adolescentes regresen a sus aulas y recuperen la esperanza de un futuro mejor para ellos y para nuestra sociedad. Cada día en que se mantenga la virtualidad educativa sin garantía de acceso para estos jóvenes es un día en que se prufundiza la brecha educativa y sin duda, la pobreza, en nuestra región.