sábado 25 de julio de 2020 - 12:00 AM

Inconstitucionalidad de subsidio a servicios públicos, un descuido injustificable

Suponemos que la ausencia de la firma de los ministros fue una omisión imperdonable y no la expresión de un desacuerdo, por lo que lo que se espera que se enmiende prontamente el error...
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La Corte Constitucional acaba de devolver al Gobierno Nacional el Decreto 580, expedido en el marco del estado de emergencia, declarado como consecuencia de la pandemia originada por el coronavirus, que trataba sobre subsidios en el costo de servicios públicos. Aunque, claramente, la declaratoria de inconstitucionalidad de la suprema instancia judicial es ajustada a derecho, causó sorpresa y rechazo de la opinión hacia la administración por cuanto la razón de tal decisión fue la falta de firma de dos ministros, un descuido inexplicable.

Para las familias colombianas, en especial las que cuentan con menos recursos, el asunto no es de poca trascendencia. En pocas palabras, el Decreto 580 autorizaba a los alcaldes para que establecieran subsidios sobre el costo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, hasta por un 80% para el estrato 1, hasta del 50% para el estrato 2, y hasta el 40% para el estrato 3. Es decir, en los meses en que estas familias han visto reducidos sus ingresos, era apenas justo que los cobros del Estado se redujeran por vías como la de esta clase de subsidios, para aliviar, en parte, su situación. Así se pensó que había sucedido cuando el presidente Duque anunció la firma del decreto que esta semana tumbó la Corte Constitucional.

Y así como el subsidio no representa poco para las familias que, por ahora, lo perdieron, tampoco, como han querido interpretarlo algunos, representa poco el argumento de la Corte al declarar la inconstitucionalidad del mismo por la falta de la firma de los ministros de Salud, Fernando Ruiz, y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres. En efecto, aunque la anotación pareciera un simple aspecto de forma, tiene de fondo el hecho de que el requisito de reunir la firma de todos los ministros, en el marco de una excepcionalidad como la del estado de emergencia, es la forma de garantizar expresiones democráticas en las decisiones del ejecutivo.

En palabras de la Corte, la firma del gabinete “garantiza el principio democrático, durante el estado de excepción, pues se contrarresta el déficit de deliberación y se limita la facultad discrecional del presidente”. Suponemos que la ausencia de la firma de los ministros fue una omisión imperdonable y no la expresión de un desacuerdo insalvable al interior del alto gobierno, por lo que lo que se espera que se enmiende prontamente el error y se restituya el beneficio a las familias que deben ser subsidiadas.

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