miércoles 19 de febrero de 2020 - 12:00 AM

Inhabilidades para independizar los poderes

La historia nos muestra que poner la política al servicio de causas personales mientras se ejercen cargos de gran poder tiene nefastas consecuencias.
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La separación de poderes es un presupuesto básico para mantener la salud del sistema democrático, y Colombia es un ejemplo claro de ello; desgraciadamente no porque aquí se haya mantenido tal separación y pudiéramos exponer un Estado transparente y próspero, sino por todo lo contrario. La perjudicial mezcla de política y justicia, que hoy se presenta en varios campos dentro de las tradicionales ramas del poder ha hecho que se debiliten las instituciones y se haya perdido la confianza y credibilidad en algunas tan importantes como las altas Cortes.

Los sistemas cruzados de nombramientos entre el Congreso y la Rama Judicial para determinar los nombres de magistrados, Fiscal, Procurador o Contralor, por ejemplo, han dado al traste con la independencia de estos cuerpos y han llevado hasta lo más alto de sus directivos el intercambio de favores, el clientelismo, incluso movimientos poco o nada ortodoxos para conseguir las más altas posiciones de poder o ejercer el mismo de formas nada transparentes.

El deterioro en la imagen de las altas Cortes tiene mucho que ver con este círculo y la desconfianza de la ciudadanía en los organismos de control y el Congreso, aunque hace mucho que se da, se ha profundizado a partir de los escándalos que frecuentemente socavan su credibilidad.

En medio de esta realidad se ha reabierto el debate sobre las inhabilidades a los altos funcionarios de las Cortes, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, para impedir que, al menos durante los cuatro años siguientes a su retiro, quienes hayan ocupado estas dignidades puedan optar por aspirar a ser elegidos como Presidente de la República y demás cargos de elección popular. Se busca que estas personas no usen el poder que ostentan durante sus períodos para, de manera injusta, inequitativa y aún ilegal, labrarse un camino hacia esas posiciones, utilizando las instituciones que representan a favor de su propia agenda política y no del fin para las cuales están concebidas.

La historia nos muestra que poner la política al servicio de causas personales mientras se ejercen cargos de gran poder tiene nefastas consecuencias, por lo que establecer un sistema de inhabilidades para esos cargos tendría evidentes beneficios en el corto plazo.

En el largo plazo, lo que detiene las prácticas corruptas que genera la ambición y la laxitud moral es la educación y la observancia de básicos principios éticos, morales y democráticos, así como el correcto funcionamiento precisamente de estas entidades en beneficio de la ciudadanía.

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