viernes 16 de enero de 2009 - 10:00 AM

Irregularidades con los vehículos de servicio público

El concejal de Bogotá D.C., Javier Lastra, denunció públicamente la adulteración de los taxímetros que usan los autos de servicio público en la capital del país y afirmó que ello hace que los usuarios deban pagar cerca de 300 millones de pesos diarios más de sobrecosto por concepto de las carreras de taxi.

Causa la impresión de que la denuncia no es muy sólida, que los medios de prueba de que dispone el edil no tienen gran certeza, puede ocurrir que haya intereses creados del concejal para favorecer a los fabricantes de taxímetros, probablemente hay afán del señor Lastra por obtener publicidad favorable a su labor en el Concejo Distrital, pero pese a todos esos puntos débiles, una cosa es cierta: hay muchas irregularidades en relación con los automotores de servicio público y el Estado colombiano no ha sido capaz de adoptar medidas eficaces para controlar tales ilícitos.

Además del problema que puede haber con taxímetros dolosamente mal calibrados, otro fenómeno multiplica la comisión de delitos: la clonación de taxis y de vehículos de servicio público. No tienen las autoridades datos certeros sobre este fenómeno pero se sabe que en todas las ciudades de Colombia hay un alto número de automotores dedicados al servicio público que son 'gemelos', que está circulando por las vías y trabajando a diario.

Estrechamente vinculada a la chatarrización hay otra figura en el mundo de transporte público que se presta para trampas e irregularidades: los cupos.
El Estado sabe de la existencia de tales  fraudes en el transporte público y de otros más y la solución que toma es 'manejar' administrativamente tales asuntos, aplicar paliativos, pero no hay una severa política de saneamiento, ni hay en los funcionarios la rigidez, ni autoridad suficiente para ponerle remedio a tan escandaloso asunto.

Otro dolor de cabeza, germen de delitos, es el autorizar a municipios pequeños a abrir Direcciones de Tránsito, cuando no tienen los controles administrativos necesarios y tales dependencias se convierten en epicentros de delitos y anomalías.

El país no puede seguir en medio de tanta irregularidad y corrupción, de tanta laxitud de funcionarios de Tránsito que creen que el desempeñar un cargo administrativo otorga patente de corso y que les autoriza para hacer y deshacer mientras tengan el carácter de empleados públicos.

Mal sabor tienen los discursos de las autoridades que anuncian radicales medidas contra la corrupción mientras en el mundo del transporte público haya el caudal de ilícitos que hay a lo largo y ancho del país. El administrar severamente dichas dependencias solucionaría el desgreño y pondría coto a la corrupción oficial que actualmente hay.

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