La alarma de la ONU por Colombia
Cuando se pensaba que el nuevo año y las nuevas administraciones municipales y departamentales, especialmente en zonas conflictivas, podrían hacer que amainara la violencia desatada en los dos últimos contra excombatientes de las Farc y líderes sociales, la situación se ha recrudecido, al punto de que la ONU ha expresado su alarma por la cantidad de muertes que ha calificado como “terrible tendencia”, en un documento que, además de exponer nuestra tragedia a todos los países miembros, afecta severamente nuestra imagen en el exterior, cuya recuperación en años pasados había dejado grandes beneficios de toda índole.
Las muertes de quienes firmaron la paz y regresaron a sus tierras y familias con la intención de rehacer sus vidas, o las de quienes ganan liderazgo por defender la vida, la naturaleza, el agua o los derechos de algunas comunidades, deben detenerse de inmediato, ni una sola de esas personas merece morir por sus ideas o por sus creencias, según lo establecen los Derechos Humanos en gran parte del mundo, como lo ha subrayado la ONU, luego de denunciar que en lo que va de este año ha corroborado la ocurrencia de 10 asesinatos, aunque otras fuentes señalaban, hasta el pasado miércoles, que son 17.
Para la ONU la situación está agravándose, pues de los 115 asesinatos confirmados por este organismo internacional en 2018, se pasó en 2019 a una cifra muy cercana a 120, y en 2020 la serie se ha acelerado.
Si, como lo sostiene el Gobierno Nacional, quienes están detrás de estas muertes son las disidencias de las Farc y grupos de narcotraficantes, entonces su responsabilidad está en detener a estos violentos cuanto antes. De todas formas, sin importar quién esté detrás de estos hechos, es responsabilidad del Estado investigar este actuar criminal y castigar con toda su determinación a sus reponsables.
El intento de asesinato en días pasados contra Rodrigo Londoño, líder del Partido Farc, conjurado por la Policía, como lo destacó y agradeció la misma víctima, demuestra que las fuerzas del Estado han cumplido a cabalidad sus compromisos en la implementación de los Acuerdos de Paz y que han honrado el deber de proteger la vida de quienes han decidido reincorporarse a la vida civil.
Se necesitan respuestas frente al asesinato sistemático de líderes sociales, pues no podemos seguir en esta espiral de violencia de la que el país se niega a salir.