sábado 13 de febrero de 2010 - 10:00 AM

La consulta por la Región Caribe

El pasado martes 9 de febrero, el Consejo Nacional Electoral  autorizó que en las elecciones para Congreso de la República que se van a celebrar el 14 de marzo, en los ocho departamentos que conforman la Costa Atlántica los electores a su libre albedrío depositen un voto adicional para apoyar o negar la creación de la Región Caribe.

Tal decisión hizo que sonaran timbres de alarma argumentando que  vamos camino de otro fatídico momento histórico que terminará en un nuevo desgarramiento del territorio patrio, la escisión de la Región Caribe, como hace poco más de 100 años ocurrió con Panamá.

¿Será atinada tanta inquietud?

Lo que han promovido los gobernadores de los departamentos de la Costa Norte (gestores de la iniciativa) desarrolla la Constitución de 1991, ya que busca que una copiosa votación impulse la expedición de la Ley orgánica de ordenamiento territorial, esa que numerosas veces se ha llevado al Congreso, donde ha naufragado.

¿Qué ha hecho que sea imposible, durante 18 años, expedir tal norma? El propósito de los congresistas de que el statu quo en los departamentos no se modifique para seguir usufructuando el poder local a sus propias conveniencias.

El poder político en los departamentos se apoya en tres pilares que operan los barones electorales: territorio, manejo de recursos públicos y distribución del poder político. Si se desmontan tales bases,  habrá otra realidad política en las regiones. De allí la desidia del Congreso en tal sentido.

Tras la consulta Caribe, vendrán las consultas electorales promovidas por otras regiones y cambiará el mapa administrativo del país.

Los bogotanos, a tono con la filosofía de don Miguel Antonio Caro, han creído durante más de 100 años que Colombia es un país conformado por una capital que es sensata, lúcida y única cabeza, y un conjunto de pintorescas provincias que tienen limitado discernimiento y por eso no pueden orientar sus propios rumbos. La realidad es otra. Somos un país de regiones. Cada una de ellas tiene su propia diversidad geográfica, cultural, económica y sus realidades.

La concepción del señor Caro sobre el país ha sido la base fundamental del centralismo y la concentración de poderes en Bogotá. La Constitución de 1991 consagra que nuestro territorio y la administración pública se pueden ordenar de manera más flexible y gobernar con un mayor grado de autonomía local.

Más allá del debate de si el camino indicado para llegar a las regiones autónomas es o no por la vía electoral, lo cierto es que se está dando el primer paso en firme en tal sentido y tratar de impedir que se siga adelante es tratar de tapar el sol con una mano.

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