miércoles 22 de abril de 2009 - 10:00 AM

La deficiente actividad legislativa

El Congreso de la República lleva a cabo su labor legislativa en forma deficiente. Por cualquier lado que se observe, la tarea de quienes lo integran tiene un gran pasivo con el país.

Hacer un análisis detenido del texto y filosofía de las leyes que se expiden, llena de preocupación. Con frecuencia, ocurre que poco tiempo después de entrar en vigencia una norma en determinado sentido, el Congreso comienza a tramitar un proyecto sobre el mismo asunto pero que tiene una orientación totalmente distinta. Así, poco después, un sector de la comunidad deberá volver a hacer las cosas orientándolas en un sentido diferente.

Y algo más se volvió de uso frecuente: cuando se aprueba una Ley, su contenido se promociona como la medicina que nos curará de todos los males y desafortunadamente la prensa hace las veces de amplificador de tal comedia.

Eso descuaderna la vida nacional, hace imposible desarrollar sosegadamente la actividad económica y empresarial y abre las puertas para que toda clase de vagabunderías ocurran ya que frecuentemente entidades, gremios y los más diversos sectores de la comunidad deben reacomodar o variar procedimientos y actividades, dar a sus funcionarios nuevas orientaciones, como consecuencia de los botes que da la legislación.

Oír a los congresistas promocionando aquellos proyectos de los que son autores o ponentes, alabando las virtudes de lo que se está tramitando, es algo muy frecuente, pero si se estudia con detenimiento el contenido de cada proyecto, se advierte que tiene un alto número de falencias, superficialidades y su filosofía es opuesta a lo que tiene aquello que está vigente. Así, en Colombia sobre muchas cosas y actividades no se sabe con certeza cómo actuar.

¿Cómo se explica, por ejemplo, que hace pocos años se haya expedido un Código de Procedimiento Penal y un año después de estar aplicándose se hubiera expedido otro con una orientación muy distinta? ¿Imagina alguien lo que eso desorientó la actividad de la Justicia Penal? ¿Cuánto dinero de los contribuyentes gastó el Estado en ello?

 Y lo anterior no es todo, pues el nuevo sistema procesal penal, ese que se  anunció como la panacea, ya genera alarma en vista de que en lugar de solucionar problemas agudizó la impunidad y la morosidad de los jueces en delitos tales como el homicidio.
¿Y qué ha hecho el gobierno para remediar el problema? Echarle tierra a las críticas.

Ese mismo caso ocurre en materias tan sensibles como la Tributaria y la Seguridad Social, entre otros, mientras hay asuntos sin legislar que exigen a gritos regulación, como lo que afloró cuando se hizo público el proceder irregular del personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, cuyas relaciones con el grupo DMG sobresaltan, pero no se le ha podido sancionar porque no hay norma para ello.

Colombia es un país de absurdos y el Congreso es uno de los nichos de más superficialidad, desbarajuste y anomalías. 

 

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