Desde mediados de la década de los 50, Bucaramanga entendió que si no atendía con urgencia y contundencia el fenómeno de la erosión, la meseta iba literalmente a desmoronarse frente a la mirada de todos, lo que, en pocas palabras, significaba que el futuro desarrollo de la ciudad estaba en entredicho. La escarpa se desgastaba por efecto de los elementos y las características particulares del suelo, al tiempo que la pobreza y la intensa migración, que entonces ocurría de los campos a las ciudades, hacía que cientos de familias ocuparan terrenos baldíos en esas zonas de alto riesgo.
Pero los dirigentes de entonces tuvieron la capacidad suficiente para reconocer el peligro, y la eficacia necesaria para poner en marcha las acciones pertinentes para desactivar la bomba de tiempo en que se había convertido el problema. Esto llevó a la creación de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga y a que durante décadas en ella solo tuvieran asiento los profesionales de diversas áreas que, finalmente, controlaron el fenómeno y evitaron las catástrofes sociales y naturales que se presagiaban.
Pero del círculo virtuoso pasamos al círculo vicioso y la entidad, antes reconocida incluso en Latinoamérica por su calidad y probado éxito, no resistió el embate de la clase política que la infiltró y la pobló de funcionarios provenientes de compromisos y conveniencias electorales, como si la erosión de la politiquería hubiera entrado en las mismas oficinas de la Cdmb y hubiera terminado por derrumbar el esfuerzo de tantos años. Y así como los científicos fueron poco a poco expulsados, en las escarpas de Bucaramanga la erosión avanzó hasta llegar actualmente a niveles nuevamente alarmantes, como hace 70 años.
Hoy, como lo denunció Vanguardia recientemente, hay más de 12 mil personas viviendo en grave riesgo por causa de la erosión que ya ha formado diez zonas críticas en la meseta. Lo que nos muestra la historia en este caso, es la prueba incontrastable de que el abuso que de las entidades del Estado hacen los políticos de baja condición profesional y moral, redunda para los ciudadanos en perjuicios, incluso del riesgo de la vida. Cuando, como en el caso de la Cdmb, la codicia de la clase política reemplaza al conocimiento y la capacidad de los profesionales, el resultado sólo puede ser el que ahora tenemos: una ciudad que, frente a la erosión caminó en reversa durante los últimos años y hoy debe afrontar, en dimensiones mucho mayores, un problema que ya habíamos superado.
