martes 25 de junio de 2019 - 12:00 AM

La indiferencia con la población en estado de discapacidad

El caso de Santander es amargo. Los gobiernos departamentales han ignorado a los santandereanos que padecen de algún grado de discapacidad.
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Los resultados del Censo de Población que empiezan a conocerse, llaman a que el país revise el comportamiento que tiene frente a sustanciales realidades sociales. Ejemplo de ello es lo relacionado con la población en estado de discapacidad; si bien es cierto que en las últimas décadas el Estado y la comunidad han comenzado a sensibilizarse frente a quienes sufren de algún grado de tal condición, falta mucho por llevar a cabo en tal materia.

Según el Censo de Población, en Colombia hay cerca de 3’100.000 personas en estado de discapacidad, es decir, que el 7,1% de los colombianos forma parte de este segmento. Pese a ello, no hay una política clara frente a tal realidad.

Es decir, el Estado está en mora de implementar sólidas e inteligentes políticas públicas respecto de la población en estado de discapacidad, segmento que debe ser efectivamente integrado a la vida nacional y dejar de ser víctima de la indiferencia y desdén de los gobernantes y los gobernados.

Algo más de la mitad de las personas en estado de discapacidad son mujeres (el 54,1%) y la mayoría de ellas están en edad productiva. La indiferencia y discriminación frente a tales seres no es únicamente del Estado, ya que la comunidad, cuotidianamente, lesiona y discrimina a quienes por alguna razón están en estado de discapacidad. La mayoría de ellos están en tal condición como consecuencia de enfermedades o por el conflicto interno armado que hemos padecido durante más de medio siglo.

El caso de Santander es amargo. Los gobiernos departamentales han ignorado a los santandereanos que padecen de algún grado de discapacidad. El Comité Departamental de Discapacidad, organismo que la Ley 1145 de 2007 ordenó crear, solo se integró en diciembre de 2018 y a hoy no ha funcionado, pese a que está encargado de vigilar, garantizar y abogar por la inclusión e igualdad de oportunidades para la población en estado de discapacidad en materias como vivienda, transporte, movilidad, educación y trabajo.

Así han procedido nuestros gobernantes, pese a que desde 2011 la Asamblea Departamental ordenó crear e implementar una Política Pública para la población con discapacidad que trace metas concretas de ayuda a tal segmento de población. Ocho años después, no se ha formulado dicha política. Eso avergüenza.

editorial
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