El crecimiento insólito de la inseguridad en Bucaramanga y el área metropolitana, en los últimos años, movió al representante a la Cámara Óscar Villamizar a organizar un foro que dejó un balance verdaderamente pobre, pues no superó las protocolarias opciones de hacer seguimiento mensual al problema, implementar el botón de pánico para los taxistas (lo que se ha intentado varias veces sin éxito), llevar sistemas de alarmas a los barrios o acercar a los gremios y la policía. En realidad, el foro no aportó ninguna perspectiva nueva, ningún planteamiento de fondo, ningún compromiso siquiera de mediano plazo de ninguna de las partes, incluyendo el Ministerio del Interior que hizo presencia allí. Lo más relevante fue hacer un seguimiento mensual a la situación de seguridad de Bucaramanga y su área metropolitana, con presencia del ministerio.
Pero, si esta actividad dejó una desapacible sensación en la opinión, la denuncia hecha ayer por este diario deja a los ciudadanos frente a la cruda realidad que vivimos en materia de seguridad, pues lo que se supo es que, en lugar de haber fortalecido aunque sea el pie de fuerza en la ciudad, en los últimos cinco años Bucaramanga perdió 455 policías. Pero a esto hay que agregarle los 337 uniformados que adicionalmente se necesitan para que podamos llegar a la media nacional que es de 300 policías por cada 100 mil habitantes. En números concretos, esto significa que para poder llegar a la media nacional, nada más en Bucaramanga, necesitamos 832 policías adicionales.
Pero, si consideramos que para muchos expertos este del pie de fuerza es un elemento necesario pero, quizás, el menos impactante a la hora de combatir los fenómenos de inseguridad en una sociedad, entenderemos que no solo pasamos por un momento crítico, sino que la soluciones verdaderas están mucho más allá del tiempo que quisiéramos considerar. Factores históricos de inequidad y carencia de oportunidades en todos los campos, como el educativo, el laboral o el del emprendimiento, por ejemplo, son causas permanentes de delincuencia, pero a estas hay que sumarle el mayor ritmo de empobrecimiento derivado de la pandemia.
Estamos entonces ante un panorama de alta complejidad que, además, no tiene antecedentes y no puede, por tanto, afrontarse con las medidas superficiales de siempre.
Ni la opinión, ni la dirigencia gremial, ni los líderes de toda índole pueden caer en la ingenuidad de pensar que sin una política integral, de largo plazo y que comprometa estructuralmente al Estado podremos salir al paso de la delincuencia con éxito y recuperar la tranquilidad y la seguridad que tanto necesita hoy la sociedad en su conjunto.
