sábado 16 de mayo de 2009 - 10:00 AM

La política de tierras

Una reciente sentencia de la Corte Constitucional -que poco ha trascendido- 'tumbó' la Ley que contenía el Estatuto de Desarrollo Rural y puso nuevamente como tema de debate el conflicto de la tenencia de la tierra en Colombia.

El asunto es desde hace cientos de años, uno de los problemas que el país no ha resuelto y se ha convertido en un lastre que ha impedido avanzar por el camino del progreso, del desarrollo, de la equidad y la igualdad de oportunidades sociales y económicas.

La tenencia de la tierra es partera de uno de los grandes litigios no resueltos de la historia nacional, a la vez que es gran caldo de cultivo de conflictos sociales. La lucha por la tierra, el bajo nivel de vida del hombre rural, el sistemático desmantelamiento del Estado en el siglo XIX, el saqueo de los resguardos indígenas y de las tierras baldías para crear latifundios improductivos, la deformación de todas las reformas agrarias que se han intentado, lo que pasó con la desamortización de los bienes de manos muertas, todo eso y más vuelve como tema de debate y nos toma por enésima vez sin una política de tierras.

La sentencia de la Corte Constitucional le exige al gobierno que adopte una verdadera política de tierras, pero desafortunadamente, tal tema no figura entre sus prioridades. ¿Qué sigue?

El Estatuto de Desarrollo Rural no era un instrumento apto para resolver los problemas de la tierra; era deficiente, no contenía una política que beneficiara a los campesinos, ni a las minorías étnicas; no solucionaba la grave situación del sector rural; reducía su radio de acción a ordenar que el Ministerio de Agricultura diera subsidios; nada regulaba para la restitución de las tierras que con violencia ha sido rapada a los campesinos por los nuevos amos del agro y daba muchas gabelas a los grandes propietarios actuales. Además, ignoraba el compromiso contraído por Colombia al firmar como tratado el Convenio 169 de la OIT.

De contera, no tocaba el grave problema que ha habido en el campo en los últimos 40 años, lapso en el que los grandes narcotraficantes, los jefes paramilitares, los jefes guerrilleros y sus testaferros, ejerciendo inenarrable violencia, se apoderaron de las mejores tierras y se convirtieron en los nuevos señores de la tierra amparados en el poder generado por el crimen organizado, la violencia y el delito. Para ellos la tierra ha sido un botín de guerra.

La sentencia de la Corte Constitucional le ordenó al gobierno  expedir una política de tierras que comprenda la solución del problema de los desplazados, que restituya la tierra que ha sido rapada a los pobladores rurales, que comprenda la ley de víctimas, que desarrolle la pequeña empresa campesina, que impida que la riqueza se concentre en pocas manos, que abra las puertas a la masiva creación de empleo en el área rural. ¿Se cumplirá tal mandato? Al respecto hay escepticismo.  

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