viernes 18 de octubre de 2019 - 12:00 AM

La profunda crisis de las CAR

La crisis que atraviesan las CAR es honda y generalizada y el Estado está en mora de ponerles freno a tantas cosas indebidas
que en ellas suceden.
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En Colombia hay 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), entes de carácter público de gran importancia, pues son las ejecutoras de la política pública ambiental del Estado y tienen la misión de administrar, vigilar, proteger y controlar nuestro medio ambiente y recursos naturales renovables. Por su naturaleza y misión, deben ser entidades técnicas dedicadas a las importantes labores que justifican su existencia.

Las CAR manejan cuantiosos presupuestos y expiden algo muy importante en la Colombia del siglo XXI: las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales; además, son encargadas de concertar los POT de los municipios de su respectiva jurisdicción. Por tener a su cargo asuntos tan importantes, en ellas ha aumentado mucho la presión de los intereses políticos y han sido tomadas por caciques politiqueros regionales, que las han vuelto fortines en los que manejan sus nóminas y contratos, la expedición de licencias y autorizaciones ambientales y “adecuan a sus conveniencias” uno de los más atractivos “ponqués” actuales, los POT. Por ello tales entidades se extraviaron de su razón de ser, olvidaron su naturaleza jurídica y misional, se llenaron de vicios y cumplen deficiente e ineficazmente su labor.

En ellas hay despilfarros, desviación de recursos, falta de planificación, numerosos y frecuentes actos de corrupción de diversa dimensión y cuantía, conflictos de intereses, gastan más en pago de burocracia y andamiaje administrativo que en tareas ambientales.

Frecuentemente se conocen informes de la Procuraduría, de la Contraloría y de las otras entidades de control estatal, relativos a actos de corrupción, mala destinación de recursos públicos, a hallazgos fiscales encontrados, a procesos disciplinarios, administrativos y penales contra directivos, funcionarios y contratistas, etc.

En resumen, la crisis que atraviesan es honda y generalizada y el Estado está en mora de ponerles freno a tantas cosas indebidas que en ellas suceden.

Es un inmenso error que la elección de miembros de sus Consejos Directivos y de sus directores se lleven a cabo en época de elecciones regionales. Ese es un modelo implantado hace 25 años, que se llenó de vicios y abusos, hiriéndolas letalmente.

Es urgente reducir el número de CAR, cambiar radicalmente el modelo de elección de integrantes de sus órganos de dirección y administración, volverlas realmente técnicas. Lo demás son paños de agua tibia.

editorial
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