La profunda crisis de nuestra dirigencia política

Como viene ocurriendo en todo el país y en los últimos 20 años, los escándalos, las suspensiones, las sanciones y las condenas se convirtieron en la constante para gran parte de la dirigencia política regional. En los tiempos recientes los colombianos se han acostumbrado a que el balance de gestión de buena parte de los mandatarios, directores de institutos descentralizados, de los órganos de control, de las empresas estatales en general, sea una lista que comprende tanto acciones ejecutivas, como llamados de la justicia a explicar sus actuaciones en casos de toda índole. Entre nosotros, la lista de exgobernadores y exalcaldes en Santander que están investigados o condenados es demasiado larga.

A finales de agosto pasado, la fiscalía informaba que se investiga actualmente en Santander, a 268 personas, entre ellas a 53 alcaldes y exalcaldes, toda una calamidad, si pensamos en la moral y las finanzas públicas. Esto para indicar que, valiéndose de un sistema profundamente agrietado por toda clase de delitos, se levantan liderazgos y jefaturas políticas que, obviamente, acusan serias dudas o probadas conductas reprobables, con lo cual la tendencia es a que el modelo se reproduzca y las redes de corrupción, clientelismo y politiquería se fortalezcan permanentemente.

El último caso de estos que hemos visto es el del varias veces cuestionado político Fredy Anaya, quien acaba de ser suspendido temporalmente de la Contraloría Departamental, por el Consejo de Estado, por presuntas irregularidades en el proceso de su elección en ese cargo, ocurrida el 30 de noviembre de 2021, en una sesión de la Asamblea Departamental que, aún desde antes de iniciarse ya mostraba la inclinación por Anaya y las dudas sobre la legalidad del proceso de elección que se llevaba. Hoy, de acuerdo con la alta corte, vemos que las sospechas que este diario y gran parte de la opinión señalaron entonces, se confirman cada vez más.

Habrá más adelante una decisión definitiva en el caso de Anaya, pues fue interpuesto un recurso de aclaración del fallo del Consejo de Estado, que, de serle desfavorable, posiblemente truncará sus nada ocultas intenciones por acceder a otros cargos de poder en Bucaramanga o el departamento, aunque, como lo señalábamos anteriormente, estos políticos y sus redes burocráticas, encuentran siempre la forma de reubicarse en el poder local y regional.

Lo que queda es no desfallecer en el trabajo de información y educación ciudadana para que los electores, cuando acudan a las urnas, lo hagan sabiendo quién es quién y decidan libremente desalojar de los puestos de representación del Estado a quienes acceden a ellos únicamente para satisfacer intereses personales, casi nunca coincidentes con el interés general.