martes 15 de octubre de 2019 - 12:00 AM

La protesta y la violencia

están ocasionando que ese derecho fundamental a la protesta y la expresión popular, adquiera unos visos que desde luego toda persona de bien debe condenar y las autoridades reprimir.
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Sin lugar a equivocarnos, la protesta es uno de los instrumentos más importantes con que cuentan los sistemas democráticos, pues constituye la expresión popular en su derecho para expresar sus preocupaciones o para demandar la acción del Estado en determinadas circunstancias.

En todo el mundo, en donde los sistemas de gobierno contemplan estas prerrogativas, es usual que estas manifestaciones se presenten, y las calles se ven con frecuencia colmadas por participantes que expresan sus sentimientos y que llaman la atención de las autoridades, así como de la ciudadanía.

En Colombia contamos con esos derechos, pero cada vez comprobamos con mayor asombro que estas manifestaciones suelen ser manipuladas, y de manera abusiva resultan permeadas por ciertos sectores para exhibir acciones terroristas, en donde se acude a procedimientos inconcebibles como el daño a residencias y edificaciones de toda índole, así como también agresión a terceros y a la fuerza pública, generando un ambiente de zozobra y de enorme confusión.

No es posible que mientras la mayoría de asistentes a estos actos, saben cumplir con su fin, aparezcan intempestivamente encapuchados, hombres y mujeres llenos de agresividad, y fuera de eso portando toda clase de elementos perturbadores que terminan comprometiendo la propia vida de quienes participan en esos escenarios.

Uno de los principales deberes del Estado, lo es de manera muy clara, el de garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. Cuando estos factores se encuentran perturbados, la acción de las autoridades no puede sustraerse, pues se pone en peligro la integridad física de las personas, así como los bienes materiales que se interfieren.

Nos parece, que en estas situaciones, quienes convocan para realizar manifestaciones públicas, tienen que ser suficientemente enfáticos en manifestar que no quieren interferencias indebidas ni situaciones perturbadoras, y de llegarse a presentar, también deben tener la entereza para rechazarlas y condenarlas, así como para exigir respeto frente a los objetivos de las convocatorias, pues sus intenciones se han desvirtuado completamente por culpa de unos pocos aprovechadores que persiguen fines oscuros y de un contexto criminal.

Quienes actúan bajo capuchas, ocultando sus identidades, amparándose en la presencia masiva de gentes para evitar ser sorprendidos y portando elementos peligrosos y nocivos, tienen que ser desenmascarados y procesados, porque están colocando en peligro no solo el orden público, sino la integridad de los ciudadanos y sus bienes.

Además están ocasionando que ese derecho fundamental a la protesta y la expresión popular, adquiera unos visos que desde luego toda persona de bien debe condenar y las autoridades reprimir.

Este lamentable escenario no se puede seguir repitiendo, pues se coloca al país en un estado de tensión y de incertidumbre, que bajo ninguna circunstancia se puede tolerar.

editorial
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