La violencia juvenil y la tranquilidad ciudadana
El pasado 22 de mayo, Vanguardia publicó una nota periodística sobre actos de violencia que están sucediendo en barrios residenciales de Floridablanca, a los que se citan bandas de adolescentes procedentes de otros municipios del área metropolitana de Bucaramanga y allí, ante la mirada atónita de los moradores del lugar, se enzarzan en riñas con cuchillos, navajas, cadenas y otras armas cortopunzantes.
Más allá de la inconformidad de los vecinos, del insuficiente personal del Icbf en la Comisaría de Familia del sector y de la necesidad de que la Policía cubra estos incidentes con personal de ambos sexos para evitar que las requisas se vuelvan “rey de burlas”, pues a las adolescentes solo las pueden requisar patrulleras, lo que es aprovechado por ellas para convertirse en guardadoras de armas y alucinógenos de sus acompañantes, debemos centrar el comentario editorial en el problema y el sistema de justicia impartido a los adolescentes.
La justicia juvenil es alternativa, restaurativa y pedagógica y en hechos como el reseñado, posibilita que medio centenar de adolescentes se “ponga de ruana” a las autoridades de Policía, al personal del Icbf, a las autoridades municipales y se mofen de la comunidad.
En tanto, año tras año, en las ciudades colombianas, aumenta el número de adolescentes -hombres y mujeres- infractores y el número de jóvenes (entre los 18 y los 28 años) que se encuentran recluidos en establecimientos carcelarios y penitenciarios.
La literatura sobre delincuencia juvenil se centra en análisis de la vulnerabilidad que viven los muchachos ante las condiciones de exclusión socioeconómica en que crecen, en las inequidades sociales y económicas existentes, en la falta de oportunidades, en la difícil convivencia familiar, en la tendencia de los jóvenes a transgredir las reglas, a tomar como modelos culturales la tolerancia de conductas transgresoras de las normas, a ser atraídos por la cultura “fácil”, la ilegalidad, a la convivencia con actores violentos, frente a la débil propuesta y respuesta de la sociedad y el Estado al frágil marco en que actúan las autoridades policiales y municipales.
Estamos ante un punto crítico de nuestra vida en comunidad que debe ser revisado, pues las familias colombianas son hoy víctimas inertes de lo que ocurre “frente a sus narices”.