miércoles 18 de febrero de 2009 - 10:00 AM

Las condenas por el caso DMG

En días pasados el país se sorprendió al conocer las leves penas privativas de la libertad que fueron impuestas a varios de los colaboradores más cercanos de David Murcia Guzmán en sus actividades mercantiles, esas que han sido denunciadas ante la opinión pública como  ilícitas y lesivas del orden público.

Fue general la reacción ante la benevolencia de ellas, pues más que servir de escarmiento para que nadie intente en el futuro incurrir en actividades similares, mutaron en estímulo del delito pues al no ser la pena de prisión severa, ni larga, con realismo ingenuo piensan muchos que no es 'mal negocio' pasar dos o tres años en prisión a cambio de cometer cuantiosas defraudaciones dinerarias.

Eso es muy grave. Sí. Cuando la sanción que se impone por un delito es irrisoria, en lugar de servir de freno y advertencia para la comunidad, incita a mentes ligeras y sinuosas a delinquir.

¿Por qué tales castigos fueron tan 'suaves'? Por varias razones: La primera de ellas es que al traer de la Legislación Anglo Norteamericana a nuestro Derecho Penal la institución del Proceso Oral Acusatorio, se introdujo en la Legislación colombiana una figura ajena a nuestra tradición jurídica, que choca con lo que a lo largo de 500 años había sido la filosofía de nuestro Derecho de los delitos y de las penas, cual es que el Estado negocia con los delincuentes las penas que se les va a imponer, a cambio de información y colaboración. Esto está 'muerganizando' al Derecho Penal y puede tener amargas y hondas repercusiones a mediano y largo plazo.

Otra de las razones es que los delitos económicos en nuestro Código Penal están precaria y deficientemente regulados y sancionados.

Como si ello fuera poco, hay otro sumando: los jueces penales no son grandes conocedores del mundo de las Finanzas y muchas de sus instituciones y figuras les son ajenas, por lo que con frecuencia no llegan a fondo en eso de escudriñar los vericuetos de la actividad especulativa del capital.

Y allí hay otra causa: día a día la actividad financiera se hunde más en el mundo informático y si algo hay raquíticamente legislado penalmente es el ilícito cometido a través de medios electrónicos. Y usando la electrónica se cometen delitos de hondas repercusiones. Nuestra legislación Penal en esos aspectos anda a paso de tortuga mientras la habilidad de los delincuentes cibernéticos avanza a la velocidad de la luz.

El Congreso de la República y el gobierno nacional están en mora de expedir leyes que endurezcan las penas e incluyan conductas que, siendo lesivas de la economía y de la vida en comunidad, hoy no son delitos por falencias de nuestro ordenamiento penal.

En Colombia hay penas ejemplares para quien incurra en secuestro, en extorsión, en delitos contra el honor sexual, pero sanciones muy laxas cuando se trata de conductas que pertenecen al mundo de los negocios y  de la cibernética. Eso debe corregirse.   

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