martes 14 de enero de 2020 - 12:00 AM

Las interceptaciones ilegales, un desafío al Estado

El país espera respuestas rápidas y claras, además de la certeza de que estas nefastas prácticas no serán permitidas por este Gobierno.
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Las denuncias hechas por la revista Semana en el sentido de que altos mandos militares estarían implicados directamente en interceptaciones ilegales contra políticos, periodistas y magistrados (entre otros ciudadanos), en unidades que operaban desde instalaciones militares, deja no solo a la Nación estremecida por la gravedad de las denuncias, sino que pone al mismo presidente Iván Duque frente a la perentoria necesidad de aclarar cuanto antes la situación, denunciar a los responsables y pedir a las autoridades pertinentes la apertura de la investigaciones necesarias y la imposición de las sanciones correspondientes.

Las denuncias publicadas por Semana son de la máxima gravedad en tanto, con sustentos documentales, demuestran que contra este medio hubo seguimientos personales, amenazas directas, incluso envíos de sufragios y lápidas a los periodistas, ataques informáticos, interceptación ilegal de las comunicaciones y hasta posibles seguimientos al mismo Director de la revista, Alejandro Santos.

De la misma manera existen en el trabajo periodístico testimonios de militares que, según afirman, participaban en estos operativos irregulares y que decidieron declarar por estar en contra de estas prácticas. De acuerdo con sus testimonios, se estarían adelantando el seguimiento e interceptación de comunicaciones de políticos, congresistas, magistrados y periodistas, en toda una peligrosa estrategia de acoso a la oposición y a la Justicia, que nos devuelve a épocas que considerábamos superadas y que ensombrecen nuestra vida democrática.

El presidente Duque y toda la cúpula militar, empezando por el ministro de Defensa, tienen ahora una nueva responsabilidad de la más alta entidad y es poner en claro lo que por ahora es un escándalo que involucra a miembros de la cúpula militar y hasta del mismo partido de Gobierno, pues en tal publicación se afirma que miembros de su misma colectividad serían los receptores del material ilegalmente interceptado. El país requiere una explicación de lo que está sucediendo, así como los nombres de las personas que abusando del poder estarían teniendo el acceso a esta información, pues tampoco es justo que toda una colectividad se vea empañada por el actuar ilegal de algunos de sus miembros. Colombia no puede revivir estos mecanismos corruptos, en la pretensión de asustar a la prensa, acorralar a la Justicia o acallar a la oposición. Frente a estos hechos, el país espera respuestas rápidas y claras, además de la certeza de que estas nefastas prácticas no serán permitidas por este Gobierno.

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