domingo 28 de marzo de 2021 - 12:00 AM

Las investigaciones en Ferticol deben continuar

La sociedad reclama, en este o en cualquier caso de corrupción, que se llegue al verdadero fin de la restitución, que es la sentencia que le corresponde a quienes incurren en cada delito contra el patrimonio de los colombianos.
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La etapa final, la más opaca y, por supuesto, la más vergonzosa de la Empresa de Fertilizantes Colombianos, Ferticol, comenzó cuando, en 2012, se definió su Plan de Recuperación Financiera. Si se mira desprevenidamente, la situación parece una paradoja, pero si se analiza desde la perspectiva de la incompetencia y la corrupción que caracteriza a la mayoría de las instituciones y empresas del Estado, en lugar de una ironía, es una verdad sabida, porque, para desgracia del país, no hay casi ningún documento que implique dinero oficial que no se firme para propiciar el saqueo de tales fondos, así sean planes para ‘salvar’ las finanzas de una empresa estatal.

Es lo que ha ocurrido con Ferticol, tal como lo denunció recientemente la Unidad Investigativa de Vanguardia y lo acaba de ratificar la Contraloría General de Santander, que reportó hallazgos fiscales por más de 35 mil millones de pesos, por inconsistencias en la venta de los lotes que, precisamente, componían la clave del plan que recuperaría las finanzas de la empresa; además, el órgano de control fiscal departamental encontró gastos injustificados de los recursos y pagos irregulares de acreencias por medio de la figura de la transacción.

Es así, mediante negociaciones turbias, como se pasa de un Plan de Recuperación Financiera al momento previo a un cierre definitivo de una empresa del Estado, que es el que parece ser el futuro próximo de Ferticol. Pero si no puede evitarse ese desenlace, al menos como comunidad lo que nos queda es la exigencia de que, no solamente se reintegren los dineros públicos escamoteados o malgastados, sino que se proceda con presteza y rigor, desde el ámbito de los disciplinario y lo penal, en procura de identificar y establecer sin duda alguna la identidad de los responsables de esta situación.

Si hay alguna condición que impulse más la corrupción, es la impunidad, pues la moral laxa de los funcionarios se siente protegida e incluso alentada por la certidumbre de que la justicia, por precariedad de recursos, amplitud de términos, o complicidad en algunos casos, no los alcanzará y sus maniobras contra los bienes y recursos del Estado quedarán siempre o a espalda de la opinión, o en los cajones oscuros de los despachos judiciales. La sociedad reclama, en este o en cualquier caso de corrupción, que se llegue al verdadero fin de la restitución, que es la sentencia que le corresponde a quienes incurren en cada delito contra el patrimonio de los colombianos.

editorial
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