lunes 14 de octubre de 2019 - 12:00 AM

Las “mulas” en prisión

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha propuesto implementar penas alternativas, pues, como lo advierten sus voceros, “llevar a las mujeres a la cárcel por delitos relacionados con drogas trae más daños que beneficios”.
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia, llevó a cabo una investigación sobre las condiciones de vida de las colombianas que en el país están privadas de la libertad por delitos relacionados con estupefacientes, trabajo cuyos resultados sobrecogen por su contenido social, económico y psicológico. El 83% de ellas, antes de haber sido privadas de la libertad, vivían en inmuebles ubicados en asentamientos de estratos 0, 1 y 2; el 72,2% no terminó la educación secundaria; el 58% son madres cabeza de familia; cerca del 48% han sufrido algún tipo de violencia de género.

Y algo más que es desgarrador: el 85,67% de tales mujeres ignoraba cuál era la pena privativa de la libertad establecida por la comisión de dicho ilícito y el 96% manifestó que de haber sabido cuales eran sus consecuencias, no lo habría cometido.

Como destacados analistas consideran, tal informe resalta la inmensa vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres de escasos recursos en Colombia y el abismo al que la vida lanza a muchas de ellas.

¿Qué lleva a sugerir el problema socioeconómico? Que el Estado, a nivel nacional, a nivel de entidades territoriales y la sociedad, deben diseñar y poner en marcha planes y políticas de ayuda efectiva a mujeres que tengan características semejantes a las de aquellas que han caído en las atarrayas que lanzan los narcotraficantes a sectores deprimidos de nuestra comunidad para reclutar “mulas” y expendedoras al menudeo de estupefacientes.

Otra de las causas de este problema es el alto índice de desempleo que tenemos. Muchas mujeres, entre aquellas con las que la vida ha sido desgarradoramente dura e injusta, no encuentra más puerta para conseguir los ingresos que les permita subsistir a ellas y sus hijos, que el caer en garras de los narcotraficantes.

Uno de los frentes de lucha prioritarios que tiene el Estado colombiano es lograr dar más oportunidades de trabajo a las mujeres cabezas de familia, el disminuir las desigualdades y, además, como ha propuesto más de una vez el Comité Internacional de la Cruz Roja, implementar penas alternativas para este tipo de mujeres que delinquen, pues, como dicen voceros de dicha entidad internacional, “llevar a las mujeres a la cárcel por delitos relacionados con drogas trae más daños que beneficios”.

editorial
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