Las ruedas sueltas de la vigilancia privada

Según denuncia hecha por la misma Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el área metropolitana de Bucaramanga hay 17 empresas de vigilancia que funcionan sin licencia, lo que plantea un problema muy serio para los municipios en los que, al igual que ocurrió, por ejemplo con el mototaxismo, van instalándose y multiplicándose este tipo de grupos, algunos de ellos armados, prevalidos de una autorización, ilegal, por supuesto, que les dan los edificios o unidades residenciales, para actuar muchas veces suplantando a la autoridad y ejercer funciones que no les corresponden.

Esto causa inmediatamente una distorsión, absolutamente peligrosa de lo que es en realidad la autoridad policial, o las empresas de vigilancia reguladas y legales, con lo que, poco a poco y dependiendo de la conducta misma de estos personajes exentos de control, van convirtiéndose en la práctica, en grupos de justicia privada o paramilitar que, muchas veces en el pasado, han sido utilizados para actuar a la manera de una mano negra en contra de personas en condición de calle, o de delincuentes, a quienes les aplican una especie de sentencia de muerte, por voluntad de sus empleadores, o por conveniencia o iniciativa de ellos mismos.

Porque no se trata solamente de las 17 agencias ilegales que encontró la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, sino de decenas de pequeños grupos armados, algunas veces solo con bolillos y otras con armas blancas o de fuego, que los condominios contratan al margen de las regulaciones legales, con el fin de ahorrarse un dinero que termina, no en pocos casos, costando aún más, bien porque la unidad residencial sea multada por la ilegalidad en que incurre, o bien porque estas personas que contratan actúan, a veces, como parte de bandas de delincuentes que se valen de la información a que se les da acceso.

En pocas palabras, la existencia de estos grupos ilegales de vigilancia, solo contribuyen a crear un entorno inseguro y legalmente confuso, pues, además de que sus operaciones se dan por fuera de las entidades que deberían vigilarlos y pueden convertirse en un factor más de inseguridad para la ciudad y para sus contratantes, están también creando una competencia desleal con quienes actúan dentro del marco de la ley, responden por sus empleados, los capacitan regularmente y son observados por la Superintendencia respectiva. Se requiere de una acción decidida en contra de estas agencias piratas de vigilancia, si queremos que sus acciones no deriven en una especie de justicia privada, con la gravedad que ello implica para la sociedad.