viernes 22 de abril de 2016 - 12:01 AM

Licencias ambientales y arbitramento internacional

Es urgente que los verdaderos funcionarios expertos sean quienes tengan a su cargo la expedición de licencias ambientales
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Por cuenta de la globalización en el comercio, muchas cosas han cambiado en los trámites del país y buen número de entidades estatales no se ha percatado de ello. Hasta cuando entraron en vigencia los diversos tratados de libre comercio, TLC, que ha suscrito el país, la legislación nacional imperaba soberanamente, y si una autoridad nuestra decidía sobre algún asunto en el que tuviera injerencia alguna empresa extranjera que operara en el territorio, debía ser acatada. Esto ocurría, por ejemplo, en el caso de las licencias de exploración y explotación entregadas a las empresas del sector minero y de hidrocarburos. De existir una controversia por estos contratos y licencias, así como los resarcimientos por perjuicios derivadas de ella, se ventilaban ante jueces nacionales.

Pero una vez entraron en vigencia los distintos TLC, el asunto cambió. Los litigios sobre decisiones administrativas tomadas en torno a determinados contratos suscritos con empresarios de otro país con el que se ha suscrito tal tipo de tratado se ventilan, no ante nuestros jueces, sino ante árbitros extranjeros, en Centros de Arbitraje Internacional.

Así, una decisión tomada por una entidad estatal colombiana puede ser desestimada al proferirse un fallo en un Centro de Arbitraje Internacional y ser condenado nuestro Estado a resarcir sumas inmensas de dinero.

Este panorama es preocupante, si se tiene en cuenta lo que viene ocurriendo con la expedición de licencias ambientales. Entidades como las CAR y la Anla, encargadas de ejercer el control ambiental, son reflejo de la frágil estructura de nuestro Estado. En su seno campea el clientelismo y muchos de sus funcionarios no están allí por méritos o por sus conocimientos en materia ambiental, sino por ser recomendados de algún político, así que el desconocimiento sobre los temas sobre los que deciden es inmenso. Por eso muchas de las decisiones administrativas están pobremente fundamentadas, lo que las hace frágiles y susceptibles de ser revocadas. De esta forma, muchas de las licencias que se han expedido pueden haber desconocido las regulaciones nacionales e internacionales, lo cual expone al país a que se revoquen licencias de exploración y explotación previamente entregadas a empresas extranjeras, como ocurrió en La Macarena.

Es urgente que los verdaderos funcionarios expertos sean quienes tengan a su cargo la expedición de licencias ambientales o las consecuencias para el país serán funestas.

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