miércoles 12 de mayo de 2010 - 10:00 AM

Licencias para morir

El tema parece de nunca acabar. De hecho, sus orígenes, causas, sucesos, efectos y consecuencias se han analizado en cuanto foro, debate, conversación o medio de comunicación toque el tema, sin que hasta el momento se haya tomado el más mínimo correctivo para detener la matanza.

Tan solo en los últimos tres días cuatro motociclistas más perdieron la vida en accidentes absurdos y las autoridades viales, más allá de llevar la cuenta de los muertos, poco hacen por solucionar el problema.

Y sí, se ha dicho hasta la saciedad que en la mayoría de las ocasiones, son los mismos conductores de esos vehículos los culpables de su propia suerte.

La imprudencia, la impericia, el exceso de velocidad, la violación sistematizada de las normas de tránsito y el consumo de alcohol, se han identificado plenamente como las causas más comunes de esos percances que casi a diario dejan a una familia santandereana sumida en el luto.

Sin embargo, de la otra cara del problema poco o nada se habla. De esa insistencia de la Dirección de Tránsito en otorgar licencias de conducción a miles de personas que prácticamente nunca se han subido a una moto y salen a aprender a manejarlas en las calles de la ciudad. De esa corrupción interna que permite que sin tomar el curso de conducción más básico o asistir a la conferencia más elemental sobre su peligrosidad, innumerables jóvenes y viejos, hombres y mujeres porten un pase para conducir moto.

Y eso no es todo. A la expedición fraudulenta de licencias sin cumplir con los requisitos mínimos, hay que sumarle la permisividad crónica de los alféreces de tránsito, quienes definitivamente no han sido capaces, ya sea por falta de capacidad o voluntad, de meter en cintura los desafueros que tanto motociclistas como vehículos particulares y de servicio público cometen por millones en las vías bumanguesas.

El sufrimiento, los recursos, los riesgos, pero sobre todo las vidas que a diario se pierden por culpa de ese problema, exigen soluciones inmediatas por parte de las autoridades, ya que son las únicas con la capacidad y el respaldo de las leyes para detener esta hemorragia.

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