Después de instaurada la elección popular de alcaldes y luego de gobernadores, son pocos los casos, en Santander, en que se han llevado ambos cargos en armonía entre quienes los ocupan. La mayoría de las veces se ha llegado a un, digámoslo así, pacto de no agresión, según el cual cada funcionario lleva adelante su gobierno sin convertirse en obstáculo para el otro y en muy pocos casos se han visto refriegas y tensiones entre los mandatarios, que se han tramitado casi en privado, con la idea principal de no causar daños mayores ni en las propias administraciones, ni en el debilitamiento de la posición regional frente al Gobierno Central, entre otras cosas.
Por esto, lo que acabamos de ver que ha sucedido entre el alcalde Juan Carlos Cárdenas y el gobernador Mauricio Aguilar, al menos en el tono altisonante y el calibre del señalamiento que hiciera el primero sobre el segundo, no tiene antecedente en el Departamento. El motivo del enfrentamiento es la licitación de la doble calzada La Virgen - La Cemento y el señalamiento del alcalde es, en pocas palabras, que el clan Aguilar quiere direccionarla, palabras que tienen un efecto regional importante, en tanto desnuda ante el país la franca confrontación entre los dos máximos gobernantes en Santander.
Para el alcalde Cárdenas, tanto los funcionarios del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, como el mismo Gobernador Aguilar están permitiendo graves irregularidades en el proceso licitatorio de una obra cuyo valor supera los 103 mil millones de pesos, lo que atenta contra los intereses de los santandereanos; y fue mucho más allá de una simple declaración, al manifestar que “no podemos permitir que el Clan Aguilar siga pretendiendo quedarse con la plata de los santandereanos”, y rematar con la afirmación categórica de que “desde la Alcaldía interpondremos una denuncia penal en la Fiscalía porque hemos detectado irregularidades que deben ser investigadas a fondo”.
De todo esto lo más importante, lo que deben entender los gobernantes en este y en todos los casos, es que en cada una de sus actuaciones, haya o no dinero oficial de por medio, debe primar la transparencia y el cuidado permanente de los intereses ciudadanos. Es lo que esperamos como santandereanos, que prime el rigor debido, en general con todos los recursos públicos y en particular con esta multimillonaria licitación que desde el comienzo se ha visto ensombrecida y ha dejado dudas que preocupan no solo al alcalde de Bucaramanga, sino a todos los santandereanos.
