viernes 12 de febrero de 2010 - 10:00 AM

Los contratos estatales: un continuo dolor de cabeza

A raíz de lo ocurrido con el millonario contrato estatal que el Distrito Capital de Bogotá celebró con empresas lideradas por una compañía del grupo Nule para adelantar en la calle 26 de la capital de la República obras de infraestructura para Transmilenio, la  crisis generada por el atraso del trabajo y las nefastas consecuencias de ello, unido a la presencia de empresas de tal grupo en numerosos contratos celebrados por el Estado para obras de ingeniería y de aguas en diversas regiones y municipios, ha vuelto a ser tema de debate dicho tipo de contratación.

El asunto tiene trascendencia porque el país trata de salir del atraso en que se encuentra su red de carreteras y de adecuar el transporte masivo en varias ciudades a las exigencias de los tiempos, obras de infraestructura que valen muchos billones de pesos en una nación cuya economía es estrecha.

El contrato estatal en la Colombia de los últimos 50 años se convirtió en pieza fundamental para que el Estado pueda cumplir sus funciones. Por eso, luego de proyectos, discusiones y estudios, de dispersas leyes que lo regulaban tímida y superficialmente en la primera mitad del siglo XX, se pasó al actual Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conformado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y un conjunto de decretos que regulan desde el proceso de selección del contratista, pasando por la forma y contenido del contrato, el régimen de nulidades, la responsabilidad del Estado y de los contratistas, hasta llegar al procedimiento de liquidación de ellos.

Pero pese a que cuando se adoptó dicho Estatuto se anunció que era  adecuado y evitaría dolores de cabeza económicos al Estado, los problemas han seguido. Licitaciones mal convocadas, pliegos de condiciones incompletos, de difícil interpretación, selección incorrecta de contratistas, desequilibrio económico contractual y azarosas etapas de liquidación. Para no mencionar algo crítico: su declaratoria de caducidad. Así, el asunto sigue siendo inseguro y cuesta demasiado dinero al erario y al bolsillo de los contribuyentes.

Además se suman dificultades colaterales tales como aquellas que ha vivido la construcción del tercer carril entre Floridablanca y Piedecuesta: los conflictos por la compra de los terrenos adyacentes, la dispendiosa obtención de las licencias ambientales, etc.

Es decir, los contratos estatales siguen siendo un dolor de cabeza y una vena rota del presupuesto nacional. Por ellos sangra permanentemente el erario y, de contera, los contratistas han adquirido gran poder ya que en época electoral es vox populi que varios de ellos se han convertido en electores de congresistas que les garantizarán, con su influencia, la adjudicación de contratos durante el período legislativo ad portas de comenzar.

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