sábado 19 de diciembre de 2009 - 10:00 AM

Los pleitos contra el Estado

El Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero, en su rendición de cuentas de 2009, tocó un punto urticante y silencioso que lesiona hondamente al Estado: los numerosos y cuantiosos procesos judiciales que cursan contra la Nación. Estima que las pretensiones de los demandantes ascienden a la astronómica suma de 102 billones de pesos.

Preocupa al Contralor el que de ser fallados contra el Estado, las sumas a pagar generarían un caos en las finanzas públicas. Sin embargo, tal inquietud no es suficiente, ya que igual preocupación genera el establecer por qué la Nación es demandada tanto y por tantos colombianos.

El problema tiene muchas aristas, todas alarmantes. Sobresalen tanto los yerros en la  gestión y en la toma de decisiones de los funcionarios estatales a nivel nacional, departamental y municipal, como su negligencia en el actuar.

Además, hoy los ciudadanos saben que la más leve equivocación del Estado es suficiente para demandarlo y así, defender sus derechos individuales. Otro sumando es la mayor presencia del Estado en los diversos campos de la economía, de las áreas social, política, laboral, en el sector minero energético, las funciones de control, los regímenes tributario y electoral, etc. En cada uno hay permanentes riesgos de actuaciones que desemboquen en procesos  en su contra.

Y algo más: los intereses económicos del Estado no son defendidos con la presteza, cuidado y conocimiento jurídico que fuera de desear. Y de ñapa, la Nación se demora en pagar las sentencias en su contra y los intereses de mora son cuantiosos.

Genera preocupación el que la defensa del Estado está a cargo de  abogados que son funcionarios de la entidad estatal que es demandada, como lo exigen las cabezas de la administración, los críticos y comentaristas de los hechos nacionales y, desafortunadamente, muchos de ellos son novatos, no tienen el suficiente bagaje ni conocimiento de la técnica procesal para llevar la defensa en pleitos por cuantías inmensas en los que las contrapartes son duchos profesionales del Derecho que defienden los intereses de los demandantes. Por eso se ve a abogados principiantes pasando las duras y las maduras tratando de responder a la artillería pesada de orden jurídico de los demandantes.

Adicionalmente, muchos conflictos pudieran ser resueltos antes de ir a estrados, en conciliaciones prejudiciales, pero los funcionarios públicos y  los órganos de control estatal le huyen a tal posibilidad por la  responsabilidad fiscal que ello puede generar y el tufillo de  componenda (muchas veces sin razón) que irradia un acuerdo de estos. Eso es un multiplicador de demandas contra el Estado, pues los responsables del sector público prefieren no correr riesgos que les afecten su buen nombre.

Muchas caras tiene tan gigantesco tumor estatal. El debate debe ser sosegado, ajeno a bochinches para buscarle soluciones adecuadas a algo que puede hacer saltar en añicos a las finanzas del Estado.

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