martes 19 de mayo de 2009 - 10:00 AM

Los trenes prenden motores otra vez

La semana pasada, el país fue testigo de cómo las tensas relaciones entre el presidente Álvaro Uribe y las altas cortes parecieron aliviarse, luego de una reunión en Palacio. Sin embargo, no alcanzaron a transcurrir 48 horas, para que tomaran un nuevo impulso y los dos poderes chocaran una vez más.

La falta de explicaciones coherentes y más aún, creíbles sobre el escándalo de las interceptaciones telefónicas por parte del DAS a los altos magistrados, políticos de la oposición e innumerables periodistas, ha desatado una nueva confrontación que no se sabe hasta dónde pueda llegar.

Es que la solicitud de la Corte Suprema de Justicia al Gobierno para que fije la fecha para una visita del Relator de la ONU para la Independencia Judicial, así como el duro pronunciamiento de la misma Corte y el Consejo de Estado en el que exigen resultados a las investigaciones, no pueden ser tomados a la ligera. Sobre todo por parte del Ejecutivo.

De hecho, la situación es ya tan difícil, que incluso organismos internacionales de gran importancia como la INTERPOL manifestaron no querer nada qué ver con el DAS, que es necesario recordarlo, depende directamente de la Presidencia de la República.

Puesto de otra manera, la credibilidad tanto del organismo investigador como del mismo gobierno ya está en serias dudas no solo en el país, sino en el exterior también.

Y lo está, precisamente porque nadie hasta el momento ha brindado las explicaciones necesarias para un escándalo que tiene todos los argumentos y evidencias para tomar las dimensiones que ha tomado.

El espionaje ilegal a la Justicia, a la oposición y a los periodistas que el Gobierno pueda llegar a catalogar como contrarios a sus políticas, no tiene justificación alguna en una sociedad que se precie de ser democrática. Y es el Jefe de Estado quien primero debería reconocer esa realidad incuestionable, para tomar conciencia de la gravedad de la situación y apartar tajantemente del Gobierno mientras se conducen las investigaciones a quienes estén implicados, en lugar de consentir su permanencia en los cargos, lo cual puede interpretarse como una defensa francamente insostenible.

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