Lamentablemente, como ocurre en muchos casos, la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, sobre el maltrato a los animales, camina lentamente hacia el olvido, pues, con excepción de unos pocos casos que se hacen masivos por unas cuantas horas en las redes sociales, pero no tienen verdaderas consecuencias judiciales, las penas y multas establecidas no alcanzan a los agresores, constituyéndose este en otro caso en el que la capacidad sancionatoria del Estado queda ampliamente superada por quienes son los violadores de la ley, lo que deja el contenido normativo prácticamente en un texto inane que a nadie preocupa.
La buena intención de la Ley 1774 estableció que cuando se cometen delitos contra la vida e integridad física y emocional de los animales, que les cause la muerte o lesiones graves, se afrontarán penas de prisión de 12 a 36 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para ejercer profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga que ver con animales y multas de 5 a 60 salarios mínimos. Además de esto, las penas de prisión pueden aumentar hasta en tres cuartas partes, de acuerdo con ciertos agravantes claramente definidos.
Es decir, existe un recurso legal al cual acudir para sancionar a quienes abusan de los animales propios o ajenos, que debe conocer y hacer valer la ciudadanía, sobre todo cuando, como sucede en Bucaramanga, los casos dolorosos se ven a diario, y así mismo se ve la impunidad al respecto. Además de los animales que hemos visto que se abandonan en las calles de la ciudad, Vanguardia acaba de denunciar el caso del llamado ‘Parque de los gatos’, un lugar al que acuden quienes quieren abandonar estos animales, uno de los delitos contemplados en la ley 1774. Pero además de que a las personas que abandonan, maltratan e incluso torturan y matan a los animales no se les persigue, el municipio de Bucaramanga continúa incumpliendo la vieja promesa de varias alcaldías de disponer de un refugio municipal, con dotación adecuada y capacidad económica suficiente para atender a los animales que viven en la calle. Esas dos herramientas, la ley para sancionar a los victimarios y la protección adecuada del Estado nos pueden garantizar un avance importante en el campo del maltrato animal. La educación temprana y adecuada es el elemento final que puede instaurar hacia el futuro el concepto del respeto hacia los animales.
