lunes 06 de julio de 2020 - 12:00 AM

No más violencia sexual contra nuestros menores

Las cifras muestran que en la última década los delitos sexuales superaron cada año los 21 mil casos en nuestro país, con su mayor pico en 2018, cuando se conocieron algo más de 26 mil.
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Nada menos que indignación y repudio puede causar la cascada de denuncias de violaciones a menores de edad por parte de miembros del Ejército Nacional, que en los últimos días se han conocido y han golpeado en lo más profundo la dignidad del país, no solo por lo execrable que es este delito, sino porque los victimarios sean quienes deben responder por nuestra integridad y nuestra vida.

Pero, además de estos hechos, sobre cuya investigación y juzgamiento debe existir el máximo de diligencia y transparencia, precisamente por tratarse de agentes del Estado, el problema de la violencia sexual contra los menores en Colombia es una constante dramática y en extremo dolorosa: el último caso conocido, el de una niña de 4 años que murió el sábado pasado luego de ser violada y golpeada por un hombre, conmueve y horroriza. Las cifras muestran que en la última década los delitos sexuales superaron cada año los 21 mil casos en nuestro país, con su mayor pico en 2018, cuando se conocieron algo más de 26 mil.

Hablamos entonces, de un comportamiento que tiene una presencia generalizada y por lo tanto devastadora para las familias y la sociedad colombiana en general. Las mismas cifras señalan que de las casi 23 mil denuncias de abuso sexual a menores en 2018, el 85,5% correspondían a las niñas, lo que nos configura una situación sencillamente tenebrosa, frente a la que tanto la sociedad como el Estado deben actuar con mucha mayor contundencia y constancia con que lo ha hecho hasta ahora.

Además de los orígenes culturales o sociológicos que puedan hallarse en las explicaciones del problema general de la violencia sexual contra los menores, tenemos ante nosotros un problema crítico de salud pública que debe atender con presteza y eficacia a las víctimas, considerando sobre todo que las consecuencias físicas y psicológicas que sufren estos niños, niñas y adolescentes son particularmente dramáticas y de gran complejidad. La sociedad debe reaccionar con firmeza en la protección de sus menores, en la exigencia a las autoridades de todo orden para que actúen en la contención de este repudiable delito, así como en su juzgamiento y condena severa a quienes se pruebe como responsables. La violación y muerte de menores por esta causa, no puede ser un relato más entre las noticias diarias del país, no puede seguir siendo parte del eternamente trágico paisaje nacional.

editorial
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