martes 10 de noviembre de 2009 - 10:00 AM

Pañitos de agua tibia para la corrupción

Definitivamente, nadie en el Estado colombiano ha podido entender la manera de enfrentar la corrupción. De combatir efectivamente ese flagelo que se lleva más de 4 millones de millones de pesos al año según los cálculos más optimistas. Recursos que salen de los bolsillos de los contribuyentes no para obras de desarrollo ni para mejorarles las condiciones a los más necesitados, sino para engordarle las cuentas bancarias a buena parte de la clase política y a los contratistas que le siguen el juego.

Esa incapacidad de comprender dónde esta el núcleo del problema, quedó demostrada una vez más el fin de semana.

Es que con el anuncio del presidente Uribe de conformar un grupo especial de la Policía para luchar especialmente contra el cáncer de la corrupción, se demuestra una buena intención, sí, pero una vez más no deja de ser un simple pañito de agua tibia para una enfermedad que carcome a la sociedad colombiana.

De hecho, la mayor dificultad no está en detectar las toneladas de fraudes que a diario se cometen contra el erario, sino en la falta absoluta de justicia. En su inoperancia, en su incapacidad total de procesar a los corruptos y llevarlos a la cárcel como exigen las circunstancias.

En otras palabras, las investigaciones, que en muchos casos se realizan o incluso llevan a cabo las comunidades y los veedores sociales, tienen por lo general todo el acopio de pruebas suficiente para dar con los responsables, pero invariablemente mueren en los despachos de los jueces, fiscales y procuradores por cuenta de la ineptitud, la ineficacia, la apatía y quién lo dijera, por más dosis de lo mismo, es decir, más corrupción.

Para terminar de ilustrar el problema de esa incapacidad estatal, no se puede olvidar otro proyecto como el del la creación de la figura del Zar Anticorrupción.

Figura que como lo dijo el mismo Presidente, no tiene dientes, pero suma otro capítulo a ese libro de aplicaciones de soluciones que no van al fondo del asunto.

La respuesta, no obstante, es bien sencilla. Hay que cumplir la ley y llevar las famosas investigaciones exhaustivas hasta el final porque mientras no se condene ejemplarmente a quienes esquilman incesantemente los fondos públicos y se le envíe un mensaje fuerte y claro a la sociedad, la enfermedad va a continuar invadiendo al paciente hasta volverlo terminal, tal como sucede en otras naciones como Venezuela.

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