Penas severas y al patrimonio: único freno a la corrupción
Este viernes se conoció que un juez de Bogotá condenó a 39 años y ocho meses de prisión al exalcalde Samuel Moreno Rojas, por apoderarse ilegalmente de los recursos en los contratos por medio del cual se ejecutó la tercera fase de Transmilenio en Bogotá. Además, Moreno Rojas fue condenado a pagar una multa cercana a los 25 mil millones de pesos y quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
Esta sanción es una de las más duras que se han dictado en materia de corrupción pública en el país, pues los colombianos estamos acostumbrados a que quienes se han robado los dineros públicos logren acuerdos de cortas condenas, casi siempre en casa, que les permiten disfrutar de lo robado en corto tiempo. Estos delincuentes de cuello blanco se enriquecen a traves de licitaciones amañadas, contratos ejecutados con materiales que cuestan la mitad de lo presupuestado o diseños cambiados durante la marcha para gastar menos y cobrar más. O son dueños de entidades donde nombran trabajadores fantasmas que solo pasan a cobrar honorarios o direccionan sus licitaciones, para quedarse con ellas a través de contratistas de bolsillo.
Robarse los recursos públicos debiera ser uno de los delitos más severamente sancionados por nuestra Justicia, por cuanto quienes roban lo público están robando a todas las personas, están negando a los ciudadanos una mejor calidad de vida y frenando el desarrollo de una región o un municipio. Y eso debiera tener la mayor de las sanciones.
Por el contrario, robarse lo público se convirtió en una conducta casi que aceptada en el país. Es común escuchar en conversaciones informales que tildan a gobernantes de buenos porque “roban, pero al menos hacen algo”, o conocer a contratistas dispuestos a pagar coimas con tal de quedarse con los contratos e incluso hay cierta admiración por esos que de la nada, tras pasar por cargos públicos, exhiben riquezas que no guardan relación con sus salarios. En Santander sí que son evidentes esos personajes que tras ser alcaldes, concejales, gobernadores, diputados o contratistas, hoy desbordan una riqueza sin explicación. Pero la explicación es obvia: es corrupción.
Mientras que la Justicia no castigue con la mayor severidad a estos delincuentes y persiga su fortuna mal habida, seguiremos sumidos en este drama en que se convirtió la corrupción.